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Juicio y debido proceso

Marzo 01, 2017
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El Artículo 2 de la Constitución Política del Perú prevé que “Toda persona tiene derecho:”, inciso 4 “A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”.

El Artículo 51 señala que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente”.

El Artículo 139 referidos a los Principios y Derechos de la Función Jurisdiccional, especifican en el inciso 4 señala que “La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley”.

Sin embargo,en la audiencia celebrada el 14 de febrero último, la magistrada Karina Vargas Béjar y los magistrados Alfredo Barrientos Espillco y Jhon Pillaca Valdez, integrantes del Juzgado Penal Colegiado de Ayacucho, decidieron que las audiencias del juicio oral contra Adriano Pozo sean reservadas, prohibiendo a Arlette Contreras pronunciarse sobre el proceso públicamente y a su abogada la Dra. Llissett Marjhory Garrido Ortiz.

Como se sabe, Pozo está siendo juzgado por los delitos de Tentativa de Feminicidio y Tentativa de Violación Sexual en Ayacucho.

Estos magistrados desconocen lo preceptuado en la Constitución Política del Perú, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, del cual el Perú es Estado Parte y pretenden silenciar a través de una resolución que se pronuncien los abogados y la agraviada.

Sin el sustento jurídico requerido y menos con fundamentación legal, se impide que la sociedad civil conozca y vigile cómo se está tramitando uno de los casos de violencia de género emblemáticos del país; el que, hasta el momento, se ha caracterizado por su impunidad.

Adriano Pozo fue absuelto el 14 de julio de 2016 de los delitos de violación sexual y feminicidio mediante una sentencia que posteriormente fue declarada nula por la Sala de Apelaciones y que hoy, en el segundo proceso, se encuentra en libertad conforme a una decisión controvertida en la que el Juzgado Penal Colegiado se ha excedido de sus competencias.

La publicidad de los juicios es un principio que garantiza la imparcialidad judicial y el Estado de Derecho y que si bien admite algunas excepciones, éstas deberían ser fundamentadas y vinculadas a la protección de las víctimas, más que a la consolidación de una justicia secreta.

De acuerdo al Derecho el juicio oral tiene y debe de ser público, respetando los derechos de la víctima y se sancione adecuadamente a su agresor.

En un Estado de Derecho, como el Perú, estos preceptos generales en el juzgamiento son vitales para su validez, ya que si no se respetan se incursionaría en arbitrariedad e ilegalidad.

Entonces el principio de publicidad está garantizado por la Constitución Política, así como también por el Código Procesal Penal y los tratados internacionales.

La publicidad significa que en principio no debe de haber justicia secreta, procedimientos ocultos, ni fallos sin antecedentes ni motivaciones.

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