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La injusticia de la justicia

Junio 09, 2017
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Esccribe: C. Alfredo Vignolo G. del V.

Presidente del Tribunal de Honor

del Colegio de Periodistas del Perú

Una de las causales por las que Arlette Contreras solicitó la transferencia de competencia de Ayacucho a Lima -la cual fue desestimada- fue porque su abogada Llissette Garrido ha sido denunciada ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), lo cual fue considerado por Contreras como “una maniobra de los nuevos jueces, que emitirán la sentencia de Pozo, que habría servido para dejarla en indefensión", es decir, sin abogada que la represente.

Esto se originó cuando la doctora Garrido en la primera sesión de la audiencia del nuevo juicio oral a Adriano Pozo cuestionó al nuevo colegiado penal por no ser competente para pronunciarse respecto a que si Pozo debiera o no cumplir mandato de prisión preventiva, sino quién debió ser competente era el juez de investigación preparatoria de Ayacucho, pues estos jueces sin ser competentes habrían resuelto dejarlo en libertad –como así sucedió- por este “insólito” hecho la doctora Garrido fue denunciada en la Orden deontológica.

La doctora Garrido en su descargo afirmó "a mí me denunciaron ante el Colegio de Abogados de Lima a petición del nuevo abogado de Adriano Pozo -Juan Carlos Portugal-, me denuncian solo por ser abogada de Arlette, esa es la única causal, me denuncian por cumplir con mi trabajo como abogada que es representar y ejercer el derecho de defensa de mi patrocinada Arlette Contreras”.

Llissette Marjhory Garrido Ortiz es la abogada que logró la nulidad de la sentencia que absolvía a Pozo de los delitos de tentativa de feminicidio y violación sexual; asimismo logró archivar la denuncia que le hizo el abogado de Pozo por el delito de falsedad ideológica.

La abogada de Contreras refirió que "Ahora la batalla legal no sólo es contra Arlette Contreras, sino contra sus abogados también; pretendiendo disuadirme para dejar de representar a Arlette.

Contreras solicitó la transferencia de competencia por estar en riesgo su vida –fue atropellada en circunstancias extrañas- cuando se encontraba con la doctora Garrido en Ayacucho, para presentar pruebas nuevas en el juicio contra Pozo; causal que fue desestimada por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Lima.

El caso de Contreras debió verse en Lima, pues existen evidencias flagrantes que hacen fracasar el normal desarrollo del proceso, ya que la Segunda Sala no ha considerado que Contreras es la principal testigo del caso, lo cual sí está considerado como causal para que se proceda al traslado de su caso a Lima, conforme al Artículo 39 del Código Procesal Penal.

Contreras consideró que el nuevo colegiado penal se ha parcializado con el agresor, debido a que "La primera resolución que emite el colegiado es para pronunciarse de que carece de objeto que su agresor, Adriano Pozo culmine mandato de prisión preventiva sin ser competentes para ello. La segunda resolución es para denunciar a su abogada ante el CAL y la tercera resolución es para prohibirnos tanto a Arlette como a mí, declarar a la prensa a solicitud del nuevo abogado de Pozo”.

Tal írrita resolución fue apelada, porque es un atropello a la libertad de expresión de la víctima y de su defensora.

El nuevo abogado de Pozo difamó a la doctora Garrido en la audiencia de transferencia de competencia con tal de lograr que el caso de Contreras no venga a Lima.

El abogado de Pozo, sorprendió a los jueces supremos al señalar en la audiencia de transferencia de competencia de Ayacucho a Lima hechos que jamás sucedieron en la primera sesión de audiencia con el fin de truncar que el caso de Arlette se resuelva en Lima.

Cabe precisar que elArtículo 2do. de la Constitución Política del Perú prevé que “Toda persona tiene derecho:”, inciso 4to. “A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley”, el  Artículo 51 señala que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente” y el Artículo 139 inciso 4to. es clarísimo “La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley”.

Sin embargo, la magistrada Karina Vargas Bejar y los magistrados Alfredo Barrientos Espillco y Jhon Pillaca Valdéz, integrantes del Juzgado Penal Colegiado de Ayacucho, decidieron que las audiencias del juicio oral contra Pozo sean reservadas, prohibiendo a Contreras pronunciarse sobre el proceso públicamente y a su abogada la  doctora Garrido. 

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