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La posición de la fundación ética periodística ante el abuso congresal fujimorista

Abril 26, 2017
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El proyecto de ley No. 1027, presentado por las fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, so pretexto de proteger “las libertades y derechos informativos de la población”, es inconstitucional y un peligro para el ejercicio de la libertad de expresión, que debe de imperar en todo Estado de Derecho.

El absurdo proyecto pretende regular, desde el Estado, la objetividad, veracidad, oportunidad y pluralidad de la información, a través de una medida que es absolutamente inadmisible.

En el proyecto hay una presunción absurda de creer que las personas condenadas por corrupción podrían influir en la línea editorial de los medios de comunicación social. No existe ninguna conexión conceptual, probada, ni lógica. Es una intervención ilegítima de ambas congresistas que desconocen el Derecho de Libertad de Prensa.

La Constitución Política del Perú señala en su Artículo 2do. “Toda persona tiene derecho:”, inciso 4to. “A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación”.

La iniciativa legislativa va más allá, al plantear que los investigados por corrupción en el Ministerio Público tampoco puedan ser directores o ser accionistas o tener algún cargo gerencial en los medios de comunicación social.

En el país es muy fácil denunciar a alguien por corrupción y es muy fácil también que le abran una investigación. Además, el sistema de justicia padece de serios problemas de corrupción.

Por tanto el proyecto es ambiguo, pues no se precisa cuáles serían los delitos específicos de corrupción a ser sancionados.

No hay necesidad de legislar en este tema; existen temas mucho más importantes para luchar contra la corrupción, como la imprescriptibilidad de los delitos o dar limitaciones a la inmunidad parlamentaria.

Letona, en el 2015 se afilió al partido Fuerza Popular(FP), de cuyo Comité Ejecutivo Nacional ha sido miembro. Keiko, la hizo jefa de su Plan de Gobierno (Plan Perú). En las elecciones generales del 2016 postuló para Congresista, como representante de Lima Metropolitana. Ganó una curul con 23,865 votos preferenciales. Al poco tiempo, tuvo un enfrentamiento con su colega de bancada Yeni Vilcatoma, cuando ésta le acusó de querer “petardear” su proyecto de creación de la Procuraduría General de la República como organismo autónomo de rango constitucional, esto derivó que Vilcatoma, renuncie a la bancada de Fuerza Popular (FP).

Letona viene defendiendo su proyecto a capa y espada y aseveró que legisladores de otras bancadas, como Marissa Glave, estarían de acuerdo.

En el fujimorismo no hay una postura clara, pues Kenji lanzó un mensaje vía Twitter intentando marcar distancia, aunque su colega fujimorista, Daniel Salaverry, subrayó que “este es un miembro más del Congreso”.

Ya la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), calificó de “alarmante”, el proyecto de ley, pues se convertiría en un instrumento legal para que un gobierno autoritario acuse y procese a un periodista o al director de un medio de comunicación social con la intención de silenciarlo.

El proyecto de ley contempla que no podrán ser directores periodísticos, editores, productores u otro cargo análogo cuya responsabilidad incida en la línea editorial de un medio de comunicación social, las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado.

No podrán ser presidente o miembro del Directorio, accionistas, gerente general o apoderado de un medio de comunicación social, las personas que mediante sentencia firme hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado.

La prohibición contenida en los numerales precedentes se extiende inclusive a las personas que a la fecha, vienen siendo investigadas por el Ministerio Público, por la comisión de los delitos de corrupción en agravio del Estado Peruano. Dicha prohibición cesa al momento en que la referida investigación es archivada en forma definitiva.

Es decir, impedir que los investigados por la Fiscalía por presunto delito de corrupción en agravio del Estado puedan asumir todo cargo con responsabilidad en la línea editorial de un medio de comunicación social.

El proyecto de Fuerza Popular señala que serán “los ciudadanos” los que ejercerán la veeduría en la conducción de los medios de comunicación social, para garantizar el derecho a “la información neutral, objetiva y desinteresada que deben ejercer los medios de comunicación social dentro de la libertad de expresión y de prensa”, basta con saber lo que sucede con la televisión, teniendo el antecedente que el espacio radioeléctrico le pertenece a todos los peruanos.

Letona sostuvo que lo que busca el proyecto es preservar el bien jurídico del derecho a la información y evitar que una persona involucrada en delito de corrupción “incida en la línea editorial de un medio de comunicación, desviando la atención respecto de hechos de corrupción”, realmente un irrito ipso jure.

La Presidenta del Congreso, Luz Salgado ´-a la sazón periodista- aseguró que desde su bancada “siempre hemos respetado la libertad de expresión” -falso, basta con recordar lo que sucedió la noche del 5 de abril de 1992- y añadió que la iniciativa no tendría el propósito de vulnerar ese derecho, agregando “Hay que estudiarlo en las comisiones pertinentes, es materia de discusión, no lo den por hecho, hay que sacar lo mejor de ello”, cabe precisar que Salgadoes licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad San Martín de Porres y con estudios de periodismo en la que fue la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza.

La propuesta fujimorista constituye una flagrante intromisión, buscando específicamente en sacar del camino a alguien, es una norma con nombre propio. Esta norma, no solo revela desconocimiento de la forma como operan las empresas privadas, sino una clara intromisión directa en las empresas periodísticas que son privadas.

Es muy peligrosa esta iniciativa, que se convierte en un instrumento legal para que un gobierno autoritario acuse, señale y procese a un periodista o al director de un medio con la intención simplemente de silenciarlo.

Los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador aprobaron leyes de comunicación con cláusulas destinadas a crear una estrategia de censura.

A través de las leyes de Comunicación y Responsabilidad Social no solamente se legitimó la censura oficial en Ecuador y Venezuela, sino que además sirvieron para que el periodismo libre e independiente se autocensurara, generándose un círculo vicioso cuya víctima real fue el derecho del público a la información.

Tanto Letona y Aramayo creen que estamos en la más oscura y nefasta época del Gobierno de Alberto Fujimori, donde la libertad de prensa fue secuestrada, donde se compraron las líneas editoriales y apareció la inmunda prensa chicha y televisión  basura.

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