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¿Muerte civil o resurrección?

Noviembre 13, 2016
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En el Plan de Gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK) en la lucha contra la corrupción, se planteaba combatir frontalmente este flagelo y poner fin a la impunidad.

Se habló del fortalecimiento de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), de reformar y modernizar el Estado, de modificar el sistema político y electoral y, finalmente, de mejorar la investigación y sanción de los hechos de corrupción.

En el Plan de Gobierno se hace referencia al establecimiento de la “muerte civil” y la imprescriptibilidad en los casos graves de corrupción; la propuesta consistía en “aprobar el marco normativo que establezca la “muerte civil” para las personas que han sido condenadas judicialmente por el delito de corrupción de funcionarios, de manera que no puedan acceder a un cargo público –léase cargo público-.

Muerte civil es la figura jurídica que consiste en considerar muerta, para ciertas circunstancias, a una persona físicamente viva, privándola totalmente de sus derechos civiles; por eso, la muerte civil es considerada como una sanción más sutil y cruel que las formas físicas de tortura o muerte.

El Gobierno de PPK promulgó el decreto de ley de muerte civil para los trabajadores públicos que cometan delitos de corrupción.Se trata del primer decreto legislativo en materia de lucha anticorrupción, ello en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República el pasado 29 de septiembre

El Decreto Legislativo No. 1243 modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la administración pública. Asimismo, la norma crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados.

Los delitos contra la Administración Pública mencionados en el decreto legislativo son concusión, cobro indebido, colusión simple y agravada, peculado doloso y culposo, peculado de uso, malversación, soborno internacional pasivo, cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo específico, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, tendrán una pena de inhabilitación principal que oscilará entre cincoveinte años.

Asimismo, la inhabilitación será perpetua cuando el agente actúe como "integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella".

También se establecerá la inhabilitación perpetua cuando se haya atentado "contra programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias (UIT)".

 

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