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Dos mujeres, un camino…el de la justicia

Agosto 05, 2015
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El presente año lo iniciamos, con una situación poco común, en los liderazgos, tanto del Poder Judicial, como del Ministerio Público. Dos mujeres asumían la responsabilidad de ser las titulares en ambas instituciones. Ana Elizabeth Sales Del Castillo, en el Poder Judicial y Giovanna del Río Carreño, en el Ministerio Público. En 1988, Adriana Gonzáles Vidal, fue elegida por sus pares y se convirtió en la primera mujer en presidir la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 27 años después Sales del Castillo, logró que en segunda vuelta, 14 de sus colegas le dieran su voto, contra 8 que no la respaldaron. Mientras que a Del Río, la votación a su favor fue de manera unánime, por decisión de los fiscales superiores.

Ana Sales del Castillo, ha laborado 10 años como magistrada y hace 20 que está en la administración judicial. Sin duda es una mujer que conoce el ambiente en que se desenvuelve y por eso, seguramente, cuando es electa allá por diciembre del 2014, declaró “lucharé por sacar adelante ésta Corte, para lograr mejorar su imagen y que desde  Lima, nos vean como una de las mejores”. Palabras que reflejaban una preocupación seria, de alguien que conocía bien, lo que sucedía al interior de la Corte.

Es más Sales del Castillo, mostró desde el inicio una preocupación, en relación al futuro de la institución judicial, pues no había sido considerada entre aquellas que recibirían el mejoramiento de su presupuesto por resultados y era evidente que en Lima, quienes disponen de estos asuntos, tendrían ya entre ojos, a la Corte lambayecana. Así que su tarea iba a ser sin duda, un navegar contra la corriente.

El 13 de diciembre del 2014, las declaraciones del regidor reelecto de APP, Guillermo Segura Díaz, enturbiaron la elección de Sales Del Castillo. Con la soberbia e irresponsabilidad que lo han caracterizado en los últimos tiempos, Segura dijo “Cunde preocupación entre los chiclayanos, por la elección de la nueva titular de la Corte Superior de Justicia, de quien siempre tuve un buen concepto, pero consideraciones aparte, su situación como magistrada, se torna más crítica, pues como sabemos absolvió en la misma línea, que previa coima, lo dispuso la mayoría del Tribunal Constitucional”.

Y la nota que apareció en un periódico que circula en las redes, termina con un párrafo que decía, “El munícipe, señalo que la designación de Sales Del Castillo en la magistratura, pondría en evidencia los altos niveles de corrupción existentes en el Poder Judicial”. Me pregunto, qué dirá ahora, el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) y maestro universitario, compañero de trabajo de algunos magistrados en la universidad donde labora.

Conocí a Giovanna del Río, cuando ella era funcionaria de la MPCh. Siempre me generó una imagen de abogada capaz, responsable y comprometida con su trabajo. Amiga de Miguel Ángel Bartra, cuando éste salió, no tuvo una actitud negativa hacia mí. Al contrario fue leal a la institución. En Noviembre del 2003 con resolución No.842-2003-CNM, fue nombrada Fiscal Provincial Penal de Piura. En octubre del 2006, fue nombrada Fiscal Provincial Penal de Chiclayo, con Resolución No.290-2006-CNM  y su ratificación se produjo en octubre del 2012, para luego convertirse en Fiscal Superior, con calificativos en el CNM muy buenos.

Las herencias de Sales y de del Río, han sido sin duda diferentes. En el Poder Judicial, la situación es mucha más difícil y complicada y por lo que hemos visto en estos primeros siete meses de gestión, la Presidenta, ha tenido que enfrentar vientos encontrados y algunas veces ha perdido el norte. Daría la impresión que el sigilo con que deben actuarse en algunos casos judiciales, se convierten en una especie de blindaje, para algunos magistrados que cometen errores, muchas veces sospechosos, que algunas veces se hacen de conocimiento público y que luego por diferentes causas, pasan a formar parte del olvido colectivo, con el evidente apoyo de quienes dirigen la institución. Algunos casos que sustentan lo dicho.

En marzo del 2013, un escándalo remeció el Poder Judicial de Lambayeque. Tres jueces y al parecer 4 secretarias, fueron fotografiados, mientras participaban de una fiesta, donde se estaban realizando juegos obscenos.Era Jefe de la Odecma, el juez Cástulo Rojas Díaz, que reconoció con entereza, que las fotos correspondían a la celebración de su cumpleaños el 6 de Noviembre del 2009, pero que habían sido editadas, para causarles daño. Rojas tuvo que renunciar a su cargo. Reemplazado por el juez José Rodríguez Tanta, quien dijo en Abril del 2013, “éste es un caso emblemático”. Sería bueno que nos dijeran en que acabó.

El pasado 21 de Julio, la Jefa de la OCMA, propuso al Consejo Nacional de la Magistratura, la destitución de los magistrados, Ricardo Ponte, Miguel Ángel Lozano, Juan Zúñiga y Franklin Rodríguez.  El pedido de destitución se basaba en que dichos magistrados, no habían motivado adecuadamente sus sentencias. Habían establecido reducciones de penas, por debajo de los límites legales permitidos en causas penales por delitos graves como los robos agravados y contra la libertad sexual. También los responsabilizaban de haber vulnerado la ley, en u7n proceso de tráfico ilícito de drogas, variando la detención por comparecencia.

Los cuatro magistrados, son gente de experiencia. Ricardo Ponte incluso ha sido Presidente de la Corte y ya anteriormente en Julio del 2013 había sido separado por la Ocma y luego repuesto en su cargo por un Civil de Chiclayo. Al conocerse ésta noticia Sales, la minimizó diciendo que no afectaba al Poder Judicial en Lambayeque, posición contraria a la del decano del Colegio de Abogados, que señaló que era un duro golpe para la imagen de la Corte lambayecana. Sin duda, que Carlos Martínez, tenía razón. No todos los días la Ocma pide destitución de 4 magistrados de una corte al mismo tiempo.

Y a Sales del Castillo, le debe preocupar actuaciones como la del juez Oscar Tenorio Torres, con tantos cuestionamientos en su labor judicial o la del designado por ella, Segundo Benjamín Adrianzén Cieza, que tiene a cargo el caso de los catedráticos de la Unprg, quién primero aceptara el pedido de la fiscal  Magaly Quiroz y ordenó la detención de los involucrados, que sufrieron los vejámenes mediáticos de la policía y que luego el mismo, Adrianzén, dijera que la sustentación de la fiscalía no lo convencía para mandarlos a prisión. Claro, en el ínterin, el abogado Wilfredo Chero, hizo pública una deuda que el juez tenía con la Escuela de Post grado, dirigida por Aguinaga Castro.

Pero en el Ministerio Público, también hay situaciones extrañas, como la facilidad que encuentran varios medios, para enterarse lo que dicen, los acusados en casos emblemáticos, o los colaboradores eficaces. No hay sigilo profesional que se requiere en todo caso de investigación fiscal. Hay fiscales-profetas, que en un momento anunciaron, la inminente captura de nuevas organizaciones criminales, que no se han dado.

Pero además y antes que nos olvidemos del asunto, haría bien Del Rio Carreño, en decirnos en qué estado se encuentra la investigación que dispuso, para saber cómo se habían esfumado miles de hojas de papel, que no pueden de ninguna manera haber salido caminando de los depósitos del Ministerio Público, sin que nadie se diera cuenta.

Sin duda que al final del año, ambas damas, nos darán a conocer el resultado del primer año de sus gestiones. Un consejo aunque sea de un conejo, reza el dicho. Vayan apuntando ustedes mismas, lo bueno y lo malo. La opinión pública verá con buenos ojos, si los informes son sinceros y si ustedes, ponen las cosas en sus respectivos lugares. No nos defrauden y que en éste tiempo se ratifique aquello de, “DOS MUJERES, UN CAMINO…EL DE LA JUSTICIA”.  

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