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¡Lo advertimos!

Junio 30, 2015
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Hace unos días la Superintendencia de Banca y Seguros –SBS, ha decidido intervenir la Caja de Ahorro Crédito Señor de Luren –CACSL, acción decidida con la finalidad de cautelar los depósitos de pequeños ahorristas, los cuales están en grave riesgo por la insolvencia reflejada en sus estados financieros de esta entidad crediticia.

La intervención y el posterior control de esta cooperativa por parte de la SBS, trae a colación la admisión indiscriminada por parte de algunas entidades públicas, principalmente de nuestra región, de una serie de cartas fianzas supuestamente emitidas por la CACSL, las cuales sirvieron para garantizar la buena ejecución de obras (fiel cumplimiento) y la entrega de adelantos a ciertos contratistas, quienes aprovechando las debilidades y el descontrol administrativo y financiero de esta Cooperativa, lograron obtener sendas garantías, las cuales en algunos casos resultaban ser fraudulentas e inexistentes y sin respaldo financiero.

Es en este sentido que, el equipo de investigación de este Semanario, fiel a sus propósitos indagatorios, se propuso realizar un seguimiento acucioso respecto a la veracidad y autenticidad de estos documentos valorados, para lo cual apoyados en el portal del Sistema  Electrónico de la Contrataciones del Estado –Seace, se logró identificar una  primera Carta Fianza emitida a favor de la Municipalidad Distrital de San José para garantizar el fiel cumplimiento de la obra de saneamiento de este pujante distrito pesquero, garantía que luego de ser analizada y contrastada con una segunda carta fianza otorgada para avalar el otorgamiento de un adelanto directo, nos permitió encontrar sustanciales diferencias entre sí, las cuales nos indujeron a presumir que ambas no podrían ser auténticas, por lo que bajo estas premisas debidamente analizadas y fundamentadas, publicamos en varias ediciones de este Semanario, las respectivas notas periodísticas, las cuales fueron tomadas de oficio por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque a cargo del Abog. Manuel Benavente Millán, tomando acción al respecto, logrando que la CACSL admitiera que las referidas garantías no se encontraban registradas en su sistema electrónico y por ende no habían sido emitidas por esta Entidad, condición que permitió para que el actual alcalde Macario Fiestas, decidiera anular el contrato suscrito por el exalcalde Víctor Paiva Llenque con el Consorcio San José.

En esta misma línea indagatoria, basados fundamental en la insolvencia que ya venía mostrando la CACSL, pudimos advertir en el portal Seace, que la empresa Terrac SAC había afianzado un contrato celebrado con la sede central del Gobierno Regional de Lambayeque – GRL, en esta oportunidad para garantizar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra de construcción de una institución educativa en el caserío Sapame del distrito de Tucume, para lo cual presento una carta fianza supuestamente emitida por la CACSL, la misma que luego de ser analizada conjuntamente con otras cuatro (4)  emitidas por esta cooperativa a favor del GRL para garantizar adelantos otorgadas, todas ellas fueron confirmadas por la CACSL como no existentes en sus sistemas informáticos, referenciando inclusive que estas no habían sido firmadas por funcionario alguno en función.

La reseña implícita materia de esta columna, no hace sino demostrar el trabajo acucioso del equipo de investigación del Semanario “ El Fiscal”, medio periodístico que semana a semana, se encarga de publicar notas periodísticas debidamente fundamentadas, con la finalidad  de ‘advertir’ a los entes fiscalizadores y de investigación, de los presuntos actos irregulares que se podrían estar suscitando en algunas entidades públicas de la región respecto a la admisión de estas garantias, considerando para este fin herramientas fundamentales de transparencia, las cuales nos permiten poner en el tapete ciertos procedimientos materia de ser investigados, en tanto y en cuanto nuestras publicaciones sean asumidas de oficio por los órganos de control, los defensores de los intereses estatales, el Ministerio Público y por qué no el Poder Judicial.

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