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Aún no se jode…

Febrero 22, 2017
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Esta columna, junto con el semanario, mantuvo sus merecidas vacaciones de comienzos de año, que las supimos aprovechar, profesional y personalmente porque, en mi caso, presenté mi nuevo libro “Con olor a papel y tinta. Premios de Periodismo y Literatura. Crónicas, reportajes y otras historias”. La obra está dirigida a los periodistas y especialmente a los estudiantes de periodismo, pues allí se consignan textos periodísticos galardonados y otros recreados de las realidades por las que hemos transitado.

Como es natural, muchas noticias ocurrieron durante estos días. Aparte del caos vivido por los desastres ante las fuertes lluvias, las más estuvieron relacionadas a nuestra política criolla, que esta vez sí se pasó de criolla y con sus protagonistas nos recordó claramente en qué país vivimos y que nos replanteó la pregunta eterna de Santiago Zavala que da inicio a la novela “Conversación en La Catedral: ¿en qué momento se jodió el Perú?

Y no es que el Perú se haya jodido. Elementos al margen de la ley y de la moral han tratado de joderlo con acciones personales que, desde el poder, embarran prácticamente la imagen de todo nuestro amado país.

Ahora se ven reflejados en el caso Odebrecht, como se vieron en algún momento en otros lamentables sucesos que determinaron cómo los presidentes de la República se beneficiaron con actos de corrupción, que determinan el nivel de degradación a los que llegan individuos que asumen un cargo en el poder.

El historiador Carlos Contreras, al analizar los casos recientes de corrupción y los que han ocurrido a lo largo de la historia del país, rescata el hecho de que por cada sol que gastó legalmente el Estado, 50 céntimos fueron al bolsillo de la corrupción, según se desprende del libro del historiador Alfonso Quiroz, “Historia de la corrupción en el Perú”.

“Lo que nos dice Quiroz es que en épocas bajas esto --el desvío hacia la corrupción-- oscila en un 20% y en épocas altas llega a ser 72%, o sea casi tanto como lo gastado legalmente fue desviado hacia usos corruptos. Y la media es más o menos la mitad. O sea, por cada sol que se gasta legalmente, 50 céntimos van al bolsillo de la corrupción, y eso es terrible e impresionante”.

Y, en medio de esta embarrada sin sentido, quienes como los congresistas debieran proteger una investigación judicial incólume, por el contrario, con claros intereses personales colocan trabas para supuestamente llevar a cabo los mismos procesos que, por ley, les corresponde al Ministerio Público.

Ante ello, bien ha decidido la Junta de Fiscales Supremos, de que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro no acuda a la Comisión Lava Jato del Congreso, pero sí envíe por escrito toda la información que pueda darse sobre el tema Odebrecht. “Esto, me parece suficiente para los fines del Congreso”, ha señalado, sobre el particular, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. “Como he dicho, cada organismo o cada poder del Estado tiene sus propias facultades o prerrogativas. El Congreso tiene la potestad de armar comisiones investigadoras que son de interés público, también realizar averiguaciones sobre un tema, pero no puede estar por encima de la labor que realiza el Ministerio Público”, ha remarcado con razón, porque la documentación que hoy maneja el Ministerio Público no tiene por qué ser pública, pues se está en la primera fase del proceso, que es la investigación preparatoria y que está a cargo del fiscal del caso.

En todo este alboroto judicial, que ha pretendido ser politizado, ya se ha dado orden de prisión preventiva y de captura internacional contra el expresidente Alejandro Toledo.

Es una decepción que Toledo, a quien mirábamos como referente de la lucha contra la dictadura, haya terminado en la misma situación de Alberto Fujimori, acusado de presidir uno de los gobiernos más corruptos del Perú, al mismo que se enfrentó el “Cholo sano y sagrado”, como lo calificaba la exprimera dama Eliane Karp.

Mas, los entendidos, políticos o no, arguyen que esto también debe significar ahora una investigación en serio a los exmandatarios Alan García y Ollanta Humala; los “peces gordos”, que alguno ha definido y de los que la mayoría de ciudadanos tiene la sensación de que también están involucrados en el caso Odebrecht.

Por allí también han saltado los llamados “santones cívicos”, que fueron abogados de las empresas durante la gestión del expresidente Alberto Fujimori y recibieron dinero en efectivo, pero que hoy pretenden dar lecciones de moral al resto del país, sin acordarse del demonio de corrupción y delincuencia organizada que ensombreció a nuestro país durante toda una década y cuyos rezagos aún continúan.

Para variar, aunque siguiendo con la joda y sin olvidar que Odebrecht también salpica por lares lambayecanos, las lluvias recientes caídas en el norte del país, especialmente en Chiclayo, reavivaron las rencillas entre autoridades regionales y municipales. Como dije en un post en mi Facebook:

“Mientras el país está en emergencia política y social, no se ven acuerdos cuando debería haber concertación. En Lima, el Congreso se pelea con el Ministerio Público por ver quién es el más importante. En Chiclayo, el alcalde se pelea con el gobernador regional y viceversa. Y en los distritos, los integrantes del Comité de Defensa Civil se pelean con los alcaldes diciéndoles que los van a supervisar, sin acordarse de que, según INDECI, ellos son miembros de esa plataforma y debieron actuar en su momento y, sobre todo, ayudar a los alcaldes en la labor que hoy reclama la ciudadanía. En medio de todo, los pleitistas aparecen en la foto, con poses que no tienen nada que ver con lo que necesita la población. ¡Qué pena, por Dios!”.

En Lima se anuncia una marcha para este jueves 16 de febrero, que busca expresar el rechazo al actual panorama de corrupción que involucra a los últimos cuatro gobiernos: Fujimori, Toledo, García y Humala.

¡Que todo el país sepa que aún el Perú no está jodido!

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