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El diablo aún nos persigue

Septiembre 28, 2016
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El Poder Judicial acaba de absolver a 52 personas que habían sido acusadas de la muerte de 12 policías en lo que se ha denominado el Baguazo, de junio del 2009. La Fiscalía pedía cadena perpetua para los supuestos autores de la matanza. Los líderes de esa manifestación que derivó en muertes, Alberto Pizango y Santiago Manuín, también han sido absueltos del delito de instigación.

El 5 de enero del 2009, el gobierno aprista decidió usar la fuerza para reprimir una protesta de indígenas awajún y wampis en Bagua. Así, se registró un enfrentamiento entre policías y civiles, al pretender desbloquear la carretera Fernando Belaunde Terry, en Bagua, Amazonas, en la llamada Curva del Diablo, que había sido tomada por pobladores indígenas durante más de 50 días. El hecho dejó a 33 personas muertas, policías y civiles, además de un desaparecido, el mayor de la policía, Felipe Bazán.

Se denomina Curva del Diablo a un tramo de la carretera ubicado entre los caseríos Siempre Viva y El Reposo, comprensión del distrito El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas. El nombre viene desde hace muchos años, por constituir un tramo peligroso en el que se han registrado muchos accidentes de tránsito. Nadie imaginó que el 5 de junio tal denominación adquiriría semejante protagonismo, convirtiéndose el Baguazo, hasta el momento, en el peor conflicto socioambiental en Perú.

Desde el 9 de abril hasta el 5 de junio del 2009, durante el segundo gobierno de Alan García, los pueblos indígenas awajún y wampis de Bagua protestaron para pedir la derogatoria de los decretos legislativos sobre la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Denunciaron que se estaba violando sus derechos y reclamaron el cumplimiento de la Consulta Previa establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Después se reflexionaría en que lo más probable es que si el gobierno de Alan García hubiera respetado este derecho indígena se habría evitado el Baguazo y la muerte de tantos peruanos.

Pero entonces, el mismo presidente García, en un artículo que publicó en el diario El Comercio, justificaba la dación de tales dispositivos e incluso insinuó que quienes estaban en contra eran lo que llamó “perros del hortelano” (no comen ni dejan comer), en alusión a que muchas comunidades campesinas e  indígenas no permiten la presencia de empresas e industrias en sus tierras de las que son propietarios ancestralmente, ni tampoco las trabajan. Y es que en algunas zonas, estas tierras han sido consideradas de conservación, religiosa o de otro tipo.

En algún momento, aparte de cuestionarse la decisión de García, se acusó a Mercedes Cabanillas, Mercedes Aráoz y Elías Muguruza, entonces ministras y exjefe de la policía, de ser causantes de la masacre de Bagua. Estos se excusaron señalando que solo tienen un nivel de responsabilidad legal.

Ahora, luego de siete años de haber sido encarcelados, el abogado de los indígenas de Bagua, Juan José Quispe, explicó que la absolución se ha dado porque no está probado que sus defendidos hayan arrebatado las armas a los policías y con ellas los hayan asesinado y que las declaraciones auto-inculpatorias iniciales fueron obtenidas sin las garantías de ley porque no tenían abogados, lo hicieron sin intérpretes y bajo apremios ilegales de golpes; y, además, porque en juicio oral con las garantías del debido proceso aclararon y rectificaron estas declaraciones. Además, precisó que sobre el delito de daños, la Fiscalía no probó quiénes cometieron los hechos. No obstante, resaltó que la parte resolutiva de la sentencia se haya leído en las lenguas awajum y wampis.

En la sentencia, también se mencionaron las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por la Defensoría del Pueblo en las que denunciaban la falta de consulta previa a los pueblos indígenas.

En todo caso, tal como lo han hecho algunas otras instituciones del país, protectoras de los derechos humanos, saludamos la sentencia que ha absuelto a 52 civiles acusados de la muerte de 33 personas, pues no existen pruebas que ameriten la comisión de estos delitos a las personas allí procesadas.

Lo que sí queda claro, es que, tanto el Estado Peruano, como el Poder Judicial, no estuvieron preparados para el juzgamiento de indígenas en el marco de las garantías que actualmente señalan las normas nacionales e internacionales. Felizmente la Sala Penal de Bagua y sectores del Poder Judicial, han hecho esfuerzos para llevar el juicio con las mínimas garantías de un debido proceso.

Hay que destacar también el trabajo de la Vicaría de Jaén, de sacerdotes y religiosas del Nororiente peruano que se solidarizaron con este caso, así como organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos que apoyaron a los civiles procesados a pesar que desde el gobierno de García y por algunos medios se les denostaba. Cabe recordar que, entonces, fuentes del gobierno aprista trataron de impedir que Radio La Voz, de esa zona continuara con sus transmisiones en el lugar.

Es una sentencia histórica, además, al considerar el pluralismo cultural y jurídico con el que se ha señalado que en el expediente no existen responsables y por eso se los ha absuelto.

Sin embargo, si los indígenas salieron en libertad, todavía queda la interrogante de quién o quiénes dieron muerte a los policías y por lo tanto, debe continuar la investigación que determine quiénes son  los culpables. Así, hubiese sido importante que el tribunal establezca en la propia sentencia que debería proseguir la investigación para determinar a los verdaderos responsables de las muertes de los policías, porque los familiares de estos también claman justicia.

Ahora, compete a la Fiscalía y la Policía proseguir las investigaciones para, en la próxima instancia,  determinar finalmente qué pasó en la Curva del Diablo; sobre todo, para que este sangriento hecho no se repita nunca más.

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