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¿En defensa de qué o de quién?

Junio 09, 2017
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Escribe: Larcery Díaz Suárez

Periodista. Docente uiversitario

larcery@hotmail.com

Dos preocupantes hechos han remecido a la ciudadanía peruana en las últimas horas, con situaciones que debieran haber merecido las respuestas inmediatas de sus protagonistas pero que, gracias a las denuncias públicas, han permitido aclarar lo que se pudo considerar como ocultamiento o falsedad.

Y estos hechos pasan nada menos que por los perfiles que deben caracterizar a dos instituciones que deben proteger al peruano de a pie, quien quiera sea.

Se trata de la Contraloría General de la República y del Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual-INDECOPI.

El contralor de la República, Edgar Alarcón Tejada, deberá responder al menos seis acusaciones en su contra por diversos actos que realizó desde que se desempeñó como funcionario de alto nivel y luego fue nombrado vicecontralor del ente de control del Estado en enero del 2013.

Los cargos por los que se le acusa son la compra y venta de automóviles a partir del 2003 como actividad lucrativa, la adquisición de dos vehículos a un proveedor de la Contraloría a precios presuntamente subvaluados, la información incompleta de sus declaraciones juradas entre los años 2011 y 2015, así como la liquidación laboral aparentemente irregular a su pareja sentimental y exfuncionaria de la Contraloría.

Alarcón habría violado el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, debido a que en el periodo que ejerció la función de vicecontralor adquirió siete vehículos, de los cuales vendió cuatro; y él como alto funcionario de la institución está prohibido de ejercer actividad lucrativa. Además del negocio de compra y venta de autos se derivaría una posible evasión tributaria, pues nunca declaró los ingresos que obtuvo por dicha actividad comercial.

El funcionario ha dicho en su defensa que estas compras y ventas solo las hizo como parte de la renovación vehicular de su familia; argumento poco consistente, porque se sabe que Alarcón se dedicaba a esta actividad comercial junto a su hijo desde el 2003.

Seguramente la acusación más importante es la liquidación de 127 mil soles que, como gerente de Finanzas de la Contraloría autorizó para su pareja sentimental cuando esta renunció al ente de control en el 2010, pese a que la exfuncionaria —con quien inició una relación cuatro años antes de su salida— solo ganaba 3,550 mensuales.

Otro de los cargos que se agregaría a estas denuncias es la presunta coacción sobre el auditor Walter Grados Aliaga para que retire la denuncia en su contra que tramitó ante el Congreso. Según los artículos 366 y 376 del Código Penal, Alarcón habría cometido delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, y abuso de autoridad.

Previamente, el parlamentario aprista Javier Velásquez ha solicitado una reunión de la Comisión Permanente para evaluar la remoción de Alarcón Tejada por “no haber acreditado conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral”. Este pedido aún tiene la respuesta pendiente de la presidenta del Congreso, Luz Salgado.

Al cierre de esta columna, el contralor Alarcón había anunciado que no renunciaría y pedía que el Congreso lo convoque para decir su verdad. Una verdad que, antes de conocerse, ya ha sido respaldada por el fujimorismo en pleno, que desde Fuerza Popular en el Congreso quiere proteger a quienes son de su interés, pese a los indicios de posibles irregularidades.

Por otro lado, la marca Pura Vida del Grupo Gloria, que supuestamente produce leche de la misma marca, ha sido acusada en Panamá de no cumplir con las normas de salud de ese país, que ha ordenado la suspensión del ingreso de Pura Vida, porque "no cumple con la norma general para etiquetado de alimentos preenvasados.

Según Panamá, esta marca dice que es leche, pero no es así. “La leche proviene únicamente de la ubre de un animal. La bebida que se está comercializando tiene otros elementos en su elaboración, por lo que no se puede promocionar como leche evaporada”, se sostuvo.

En Perú, la respuesta del Grupo Gloria ha sido afirmar que no se trata de una prohibición, sino de problemas con el etiquetado del producto. Pero, en declaraciones al diario Gestión, el representante de Gloria, Fernando Devoto, afirmó que "Pura Vida" no es un lácteo, sino una "leche modificada". Al mismo tiempo, anunció que la distribuirá sin el etiquetado de "leche".

Así, el Consejo Nacional de Protección al Consumidor, se ha reunido para analizar si las condiciones de la denuncia en Panamá contra Pura Vida, coinciden con la que hizo en Perú la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), que indicó que Gloria y Nestlé —con su producto Reina del Campo— tampoco cumplen lo dispuesto por la ley peruana.

Tuvo que venir de Panamá esta noticia sobre el Grupo Gloria. Pero esta práctica ya venía de antes. En abril, Iván Mesía, de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep), denunció que durante la época de emergencia por el Niño Costero, el Grupo Gloria no compró lo poco que produjeron. Gloria prefirió comprar leche en polvo "que es mezclada con agua para luego ser vendida", hecho que afectó a los productores de leche en la región La Libertad, debido a que esta corporación, según Mesía, "tiene el monopolio de este mercado".

Esta denuncia al parecer fue desestimada. ¿Por qué INDECOPI no actuó en ese momento en defensa del consumidor? Ahora, de nuevo esta denuncia, sumada a la desautorización que proviene de Panamá, debe ser tenida en cuenta por las autoridades del Perú, que deben actuar de oficio.

Habría que observar lo que hace INDECOPI. La estadística reciente de ese organismo (abril 2016-marzo 2017) muestra que el 63% de las veces “el cliente no tiene la razón” ante sus reclamos. Solo el 34% de las denuncias de consumidores son declaradas fundadas, y el 3% termina con algún acuerdo entre consumidor y proveedor.

Entonces, ¿ante quién o quiénes quejarse? ¿Quién nos defiende? ¿Los organismos llamados a hacerlo, en defensa de qué, de quién o de quiénes están?

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