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La Ley Universitaria en peligro

Noviembre 13, 2016
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La Ley Universitaria (Ley 30220) está en peligro.

Tras promulgarse, el 8 de julio de 2014, esta norma constituyó prácticamente una revolución, porque comenzó a poner orden en las universidades no solo estatales sino en las privadas.

En muchas de estas el interés económico estaba primando sobre el educativo y algunos de los titulares y funcionarios de esas instituciones de educación superior se habían atornillado o, en todo caso, adueñado de las mismas, con el perjuicio que ello representaba para la vida democrática de la universidad.

Por ello, desde su creación, la Ley Universitaria enfrentó una serie de ataques: un pedido ante el Tribunal Constitucional para declarar su inconstitucionalidad, proyectos para extender el mandato de rectores cesados, la resistencia en los cargos de los conocidos rectores 'rebeldes', etc.

Es conocida la posición del aprismo y el fujimorismo en relación a esta Ley que ya viene siendo aplicada en varias universidades, así como en el desarrollo de sus estatutos internos.

Insatisfechos con la decisión del Tribunal Constitucional que ratificó la constitucionalidad y vigencia de la Ley Universitaria, la bancada aprista presentó un proyecto de norma que propone la continuidad del mandato de rectores, vicerrectores y decanos electos antes de la Ley. Se presentaron seis iniciativas para modificarla, las que se debatirán en estos días. Pero la que mayor alarma ha generado es el proyecto del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén (proyecto 469-2016). Con ello se modificarían nueve artículos de la Ley 30220, con un principio rector detrás --en todo caso, su interpretación--: la autonomía universitaria debe prevalecer. El jueves que pasó, la Comisión de Educación del Congreso recomendó al Pleno aprobar el proyecto de Velásquez.

Es más, este sector político argumenta, desde que la Ley 30220 va contra la autonomía universitaria debido a la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), hasta sostener que esta norma –según Alan García-- es un "crimen" del "chavismo humalista".

El lambayecano aprista Velásquez Quesquén, alguna vez crítico de Alan García y luego su jefe de gabinete, no solo coincide ahora con el pensamiento del líder aprista, sino que, como ya nos está acostumbrando, se convierte en geisha y le hace el juego a los fujimoristas de Fuerza Popular. Algunos lo han considerado como el número 74 de los fujimoristas en el Congreso.

También recordemos que el parlamentario aprista presentó recién un proyecto para que el presidente de la República solo sea elegido con 40% de los votos y no necesite ir a segunda vuelta. Con ello miraba a Keiko Fujimori, quien estuvo cerca de esa cifra en la última elección presidencial. Finalmente, la idea no prosperó.

Pero volvamos al proyecto de Velásquez. La primera disposición transitoria dice que en el plazo de 30 días calendario se designarán los nuevos integrantes del Comité Directivo de la SUNDEDU. Una vez designados los seis de sus integrantes --que suponemos serán apristas o fujimoristas--, el Consejo Directivo, a convocatoria de cualquiera de los designados, podrá instalarse y elegir al Superintendente --que suponemos será un aprista o un fujimorista--. (las frases entre guiones son nuestras).

La segunda disposición transitoria señala que a la entrada en vigencia de esta Ley, quedan sin efecto todas las normas aprobadas por la SUNEDU o el Ministerio de Educación y todos los procedimientos en trámite, que no sean compatibles con ella.

Sobre el proyecto de Velásquez, el director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) Ricardo Cuenca, asegura que “significa un retroceso en la reforma de la educación superior universitaria y la construcción de condiciones básicas para la calidad de las universidades públicas y privadas”.

En su artículo "Proponer para retroceder", Cuenca explica que, aparte de la débil exposición de motivos de la iniciativa, el proyecto "desaparece" al Ministerio de Educación de la reforma, elimina el concurso público para la conformación del consejo directivo de Sunedu (adiós meritocracia) y desbarata el licenciamiento para la oferta universitaria existente -lo que aseguraba la regulación de los estándares mínimos de calidad-.

Por su parte, el exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Manuel Burga, criticó también parte de la exposición de motivos del proyecto de ley, por el cual se sostiene que la autonomía viene de los inicios de la creación de las universidades en Occidente.

"Las universidades públicas tienen un presupuesto del estado y rinden cuentas; que se perfeccione, que se fomente la autonomía, pero cambiar la ley para volver al sistema anterior creo que sería un error. La Ley 30220 nace de una necesidad sentida por la población y por todas las comunidades universitarias y ante la multiplicación mercantilista de las privadas", afirma.

Por último, criticó la propuesta de que el consejo directivo de la Sunedu esté conformado por tres docentes de universidades públicas y tres docentes privadas -parte del proyecto aprista-, mientras que en la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR) estaba conformada, por todos los rectores de las universidades del país. "El sistema es menos democrático que la ANR", sostiene.

El Ministerio de Educación (Minedu), el principal promotor de esta norma se ha expresado durante una reunión que desarrolló el último 4 de noviembre en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en Lima, en la que docentes, rectores y estudiantes, junto a representantes del Consejo Nacional de Educación, discutieron sobre las mejoras que la ley necesita.

Este mismo evento debería replicarse en las regiones, según también es la preocupación del Ministerio de Educación.

Igualmente, esperemos también, que la misma comunidad universitaria, como en los buenos tiempos –los nuestros, incluso--, pueda impedir en las calles que la Ley Velásquez se concrete.

Que no siga siendo un mal ejemplo la reciente designación de los directores del Banco Central de Reserva.

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