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Lesa humanidad

Mayo 03, 2017
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En los últimos días se han registrado dos acontecimientos que podrían pasar inadvertidos. Uno es el posible indulto al expresidente Alberto Fujimori, lanzado al aire para que el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynsky lo adopte en cartera. El otro es que cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) han sido acusados constitucionalmente ante el Congreso por un grupo de exintegrantes de la Marina de Guerra debido a la reciente resolución que emitieron sobre el Caso El Frontón.

Resulta que en los dos casos rondan las figuras de crímenes de lesa humanidad, hechos por demás preocupantes y que desde que se tomaron en cuenta para los delitos cometidos, fueron objeto de amplias discusiones.

Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es crimen de lesa humanidad —o contra la humanidad- “todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid u otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Se ha constatado que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana. Se estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas por el Perú en todas las guerras externas y guerras civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente.

En Perú se conoce como la Matanza de los penales a una serie de acciones militares ocurridas entre el 18 y el 19 de junio de 1986 a raíz del amotinamiento de los presos acusados de terrorismo recluidos en las prisiones de San Juan de Lurigancho y El Frontón y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, en Lima y Callao. La respuesta policial y militar con la que se reprimió este motín tuvo como resultado la pérdida de casi 300 vidas entre los amotinados.

En este hecho, que ha sido calificado como el asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva de la década de los años 1980 por parte de las organizaciones políticas, consideradas por los partidarios del ex presidente Alan García como “no neutrales”, y por el organismo estadounidense de vigilancia de los derechos humanos Americas Watch, estuvo implicado el expresidente Alan García, lo mismo que Luis Giampietri, uno de los jefes de la Marina de Guerra del Perú.

Por esos hechos están procesados 35 marinos que participaron en la operación. Luego de un largo proceso, el 8 de setiembre se iniciará la etapa de juicio oral de ese caso. La fiscalía ha pedido para los encausados penas entre 25 y 30 años de prisión.

Es en este sentido que se ha presentado una denuncia contra cuatro integrantes del TC ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, firmada por once altos oficiales marinos en situación de retiro. “Tal  denuncia es una suerte de  golpe de estado en contra de dicho organismo y una maniobra para coparlo, dada la mayoría fujimorista y el eventual respaldo aprista que podría recibir en el Congreso”, explica al respecto Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Asegura que en el caso El Frontón, el TC solo ha subsanado el error que se cometió en el año 2013 cuando se emitió una sentencia que indicaba que los hechos ocurridos durante el motín, en 1986, no constituyen delitos de lesa humanidad. “El TC emite una resolución sobre el caso El Frontón que se publica en setiembre del 2013 y no tiene unanimidad. Es una resolución que tiene cuatro votos y declara fundado el hábeas corpus que presentaron exmiembros de la Marina, anulándose así una resolución del Poder Judicial, que en el 2009 incorporó a nuevos marinos como implicados y que declaró el caso como un crimen de lesa humanidad”, declaró.

Fue el Ministerio de Justicia y organismos de la sociedad civil que el 2013 piden al TC subsane dicha resolución. Dicho pedido no fue resuelto desde la fecha por el máximo órgano de control constitucional hasta su última resolución, emitida la semana pasada, en que el actual TC encontró irregularidades en este caso.

Y en lo de Alberto Fujimori, Yván Montoya, exintegrante de la Procuraduría General de la República, ha precisado que “sería complicadísimo y problemático que el jefe de Estado firme ahora el indulto del exmandatario, porque se tendría que cambiar la norma y eso implicaría “normar con nombre propio”. “Es muy difícil que el expresidente pueda acceder ahora a un indulto humanitario, porque la norma es bastante estricta en cuanto al diagnóstico grave que debe tener en materia de salud. Advierte que resolver a favor de esa gracia presidencial, en este momento, implicaría romper el principio de legalidad.

Por otro lado, el constitucionalista Alberto Borea manifiesta que es posible hacer la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si resulta viable aplicar un indulto al expresidente. Ante la pregunta de si el indulto no es viable en temas humanitarios, Borea responde: “Ya se definió qué era lesa humanidad; entonces, una vez que hablaron los tribunales en ese sentido, se terminó cualquier interpretación”.

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