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¿Perú podría convertirse en un narcoestado?

Mayo 25, 2016
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La pregunta viene tras conocerse la versión del organismo de control de drogas norteamericano-DEA, de la posible investigación a Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular que encabeza Keiko Fujimori y quien supuestamente ya habría dado “un paso al costado” en ese cargo.

El problema del narcotráfico también salió a relucir este domingo, durante el debate en Piura entre Pedro Pablo Kuczynsky y Keiko Fujimori, candidatos a la presidencia de nuestro país.

Y, en efecto, para el especialista en narcotráfico, Jaime Antezana, el Perú podría convertirse en una narcoestado si Keiko Fujimori obtiene la victoria en estas elecciones generales ante los supuestos vínculos de este partido con esta actividad ilícita.

Antezana afirma que 17 candidatos al Congreso por el partido fujimorista  estarían ligados directa o indirectamente al tráfico ilícito de drogas y al lavado de activos.

Remarca que estos "narcocandidatos" mueven grandes sumas de dinero producto de actividades ilegales que usan para pagar a personas en las marchas, crear empresas fachada, comprar equipos de futbol, adquirir propiedades y camionetas. “La mayoría son patrones de firmas, es decir, son capaces de autofinanciar la campaña regional y aportar -usando diversas modalidades para ocultar sus identidades- a la campaña electoral de la candidata presidencial”.

Rememoramos aquí parte de una exposición del historiador Antonio Zapata, relacionada con el poder y el narcotráfico en el Perú en la década del 90’, en que gobernó Fujimori.

El Sistema de inteligencia Nacional-SIN había ingresado de lleno a luchar contra el narcotráfico. La década anterior, el narcotráfico peruano había sido dominado por carteles colombianos que coordinaban la producción de coca en la ceja de selva a través de firmas locales. Ellas producían pasta básica de cocaína que era transportada por avionetas a Colombia, donde era procesada como cocaína. Los laboratorios quedaban en Colombia y los productores peruanos solo constituían el modesto punto de origen de la cadena.

En los 90’ esta cadena se interrumpió por cambios importantes en la lucha contra las drogas. Comenzó por detenerse a las avionetas que surcaban la selva; al tiempo, cayeron los precios, lo que redujo cultivos. La represión de la DEA motivó que las firmas peruanas trasladaran la pasta básica a la costa. El océano Pacífico fue la nueva ruta de la droga. A la vez, estas firmas nacionales se subordinaron a la mafia mexicana, que progresivamente tomó control de la droga producida en el Perú.

En 1996 Demetrio Chávez Peñaherrera, (a) “Vaticano”, denunció ante los tribunales haber pagado cincuenta mil dólares mensuales a Montesinos para que le permita exportar droga. El escándalo periodístico fue intenso y las acusaciones de Vaticano fueron desestimadas por un Poder Judicial sometido a los designios del ejecutivo que encabezaba Alberto Fujimori. A continuación, Vaticano fue sometido a tratamientos de electroshock para alterar su estabilidad psíquica, pero siguió firme en su denuncia. Sin embargo, Montesinos fue declarado inocente en este caso, por haberse basado la acusación fiscal exclusivamente en las declaraciones de Chávez Peñaherrera.

Pero algunas acusaciones de Vaticano eran contundentes; y, aparentemente, no se siguieron las rutas indicadas por él, como esta declaración: “La pista de Campanilla la abrimos en abril de 1990, y cuatro meses después, en agosto, Washington dio la orden al gobierno del Perú para que la clausurara y no le hizo caso. Se demoraron dos años en hacerlo. Luego de que discutí con Montesinos, no pasó ni un mes para que la cerrara. Yo me negué a pagar el soborno mensual en la quincena de julio de 1992 y para el 12 de agosto ya estaba clausurada la pista. ¿Acaso no pueden confrontar estos datos tan sencillos? Están en los periódicos"”

Adicionalmente salieron casos de utilización de transportes de las Fuerzas Armadas para movilizar droga en el extranjero, como el avión presidencial y dos barcos de la Armada Peruana: el Matarani y el Ilo. Los viajes de estas tres naves cargadas de droga se hallaban calificados como “misiones secretas”.

Todo ello vino a sumarse a la carrera de Montesinos en los 80’. Libre de la prisión por traición a la patria, Montesinos se recibió como abogado y trabajó como defensor de narcotraficantes. A la vez, defendía a militares acusados de violar derechos humanos. Así Montesinos pudo recuperar progresivamente influencia en el ejército de donde había sido despedido en los 70’ por vender secretos militares a Estados Unidos.

Pasados los noventa, se llevó a cabo otro proceso judicial contra Montesinos por narcotráfico. Se le acusaba de recibir un millón de dólares del narcotraficante Pablo Escobar para la campaña de Fujimori en 1990. La fiscalía solicitó entonces 30 años de prisión y una reparación para el Estado por 10 millones de soles. Sin embargo, el proceso no tenía consistencia porque se basaba solo en declaraciones que no parecían muy congruentes.

En el 2007 se abrió un nuevo proceso contra Montesinos y también contra Fernando Zevallos, entonces presidente del directorio de Aeroperú, por narcotráfico y lavado de activos a través de 20 empresas navieras en Iquitos. La supuesta participación de Montesinos habría sido la utilización de las empresas para el lavado de activos.

En relación a este juicio, en el 2005 en la cárcel de Pucallpa, fue asesinado José María Aguilar, conocido como “Shushupe”, quien habría declarado en un juicio abierto contra Zevallos, que Montesinos era uno de los cabecillas del cartel de Tijuana.

Con todos estos antecedentes, ya estamos advertidos. En todo caso, cabe volver a plantearse si las respuestas a la pregunta del titular de esta nota podrían darse de llegar la candidata a ocupar el sillón presidencial.

 

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