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¿Periodistas o traidores a la patria?

Julio 08, 2016
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El 13 de junio de 1971 “The New York Times” causó un devastador terremoto en la dirigencia norteamericana al publicar documentos secretos sobre la guerra de Vietnam, conocidos después como los 'Papeles del Pentágono'.

Informes diplomáticos, militares y de inteligencia elaborados en su mayoría por el Departamento de Defensa, evidenciaban que los gobernantes habían mentido al pueblo con tal de llevar al país a una guerra por conveniencias ideológicas y económicas –nutrir a la poderosa e influyente industria militar–. El conflicto mató a más de 55,000 militares estadounidenses. Sin contar al millón y medio de víctimas vietnamitas.

La Casa Blanca intentó detener la filtración. Fue en vano. El caso fue llevado hasta la Corte Suprema que dictaminó que la prensa tenía todo el derecho de informar.

El 17 de junio de 1972, a partir de la detención de cinco hombres por el allanamiento del complejo Watergate, del Partido Demócrata, dos periodistas del “Washington Post”, comenzaron una investigación que determinó responsabilidad en funcionarios del Estado y en el mismo presidente, Richard Nixon. La Corte Suprema dictaminó por unanimidad que el presidente debía entregar cintas grabadas a los investigadores gubernamentales. Dos años después, el presidente tuvo que renunciar.

Desde ahí la prensa ha demostrado que cumple bien su función de investigar.

Ahora, periodistas de todo el país e instituciones que los agrupan, así como entendidos en derechos de prensa y libertad de expresión,  nacionales e internacionales, se han pronunciado solidarizándose con la periodista Rosana Cueva. Ha sido denunciada por delito de traición a la patria, junto a su equipo del programa Panorama, de Panamericana Televisión, por un informe periodístico sobre supuestos actos de corrupción realizados por miembros del ejército ubicados en el VRAE para combatir a las bandas de narcotraficantes y terroristas.

Este tinglado de la denuncia –que espero se venga abajo—comenzó tras la nota de Panorama, emitida el domingo 17 de abril. Se revelaban incongruencias y movimientos ‘extraños’ en el destino del presupuesto asignado para el servicio de inteligencia del Vraem. Entre estas, habría falsificación de informaciones y actividades de inteligencia ficticios. Es más. La rendición de cuentas incluye boletas de consumo de restaurantes lujosos de la zona, que supuestamente se catalogaría como “información secreta y de inteligencia”

El Colegio de Periodistas del Perú se ha pronunciado solidarizándose con la periodista Rosana Cueva y su equipo. Señala, enfáticamente, que esta denuncia vulnera el Estado de Derecho que ampara a todo ciudadano para informar y ser informados sobre actos de interés nacional; y que vulnera y recorta la libertad de expresión de los periodistas, quienes estamos protegidos e impedidos de revelar las fuentes de información del trabajo de investigación y difusión que realizamos en los medios de comunicación donde laboramos.

El Colegio rechaza esta coacción contra una periodista caracterizada por su trayectoria profesional impecable y no solo le expresa su total respaldo sino que anuncia asumir su plena defensa. Asimismo, llama a las máximas autoridades del gobierno central, Poder Judicial y Ministerio Publico con el objetivo de cautelar y proteger nuestro sistema democrático, donde la libertad de expresión es un derecho fundamental, no se permitan actos como el señalado y se rechace esta denuncia que pretende ocultar a todas luces actos de corrupción cometidos en una repartición de nuestras FF.AA.

Y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, considera que la denuncia es un “acto de intimidación, exceso y restricción a la libertad de prensa”. Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, suscribió que acciones como estas “desalientan el periodismo de profundidad por temor a represalias, generan autocensura y restringen el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados”.

Paolillo defendió el reportaje y señaló que aseverar que la noticia mostrada afecta la seguridad nacional es una incongruencia. “Por el contrario, se expusieron varios delitos como malversación de fondos públicos”, indicó.

Roberto Pereira, asesor jurídico del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), explicó que la demanda por traición a la patria “solo procederá si la información difundida fue clasificada como secreta”. En su pronunciamiento, Pereira manifestó que no toda información referida a la defensa nacional o a la actuación de las Fuerzas Armadas califica como “secreta”.

El periodista José Alejandro Godoy, que maneja el blog “Desde el tercer piso”, afirmó para lamula.pe que esta denuncia “no lesiona ninguna norma de Defensa ni, menos aún, vulnera secretos militares”. En tanto, el portal Útero.pe, señaló que “más allá de denunciar a gente de prensa, lo que debería hacer el Ejército peruano es explicar por qué todos los colaboradores eficaces dicen casi lo mismo y por qué su firma no se parece a la que aparecen en sus DNI. Además, ¿por qué el personal de Inteligencia hace su trabajo en restaurantes céntricos? ¿Y por qué necesitan galones de pintura? Aquí lo que debe de haber son explicaciones y no denuncias”.

Y, en efecto, me parece que todo el tema parte por esa pregunta: ¿Los periodistas somos traidores a la patria cuando denunciamos supuestos actos de corrupción y que para ello nos valemos de documentos y testimonios que impliquen a los protagonistas de tales supuestos actos corruptos?

¿Fueron los periodistas traidores a la patria en Estados Unidos cuando publicaron documentos del Pentágono y meses después con el caso Watergate destejieran toda la maraña corrupta del gobierno (ni siquiera por una institución como el ejército, como en este caso), partiendo por el mismo presidente del país más poderoso del mundo? No. En los dos casos, la Corte Suprema dio la razón a los periodistas.

Se diría que eso solo pasa aquí en el Perú. Ojalá quede como simple anécdota, a pesar de las amenazas de los aún representantes de este gobierno que ya se va.

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