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La Contraloría descontrolada

Mayo 04, 2016
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¿Es tan difícil ser transparente? Pues para la Contraloría General de la República sí lo es, se niega a transparentar sus acciones y a colaborar con la prensa en difundir sus sanciones a los funcionarios corruptos.

Me hace recordar a un familiar que tiene tres hijos pequeños muy engreídos, a tal extremo que cuando cometen alguna tropelía no los castiga en público, los lleva a un aparte y los reprende en silencio, para no avergonzarlos ante los demás, cuando precisamente el castigo o sanción deben ser PÚBLICOS para causar dos efectos: que el corrupto sienta el peso de la sanción y para que otros que piensen cometer actos de corrupción lo analicen bien antes de cometerlos.

Pero la Contraloría no piensa así en el caso de los “Limpios de la Corrupción”, ¿será por las extrañas visitas de Beto y su gente a sus oficinas?, luego de las cuales se cambiaron a importantes funcionarios en Lambayeque, incómodos para Beto y su pandilla. Lo cierto es que en la práctica la Contraloría hace un blindaje a esos personajes sancionados, porque nadie conocía sus nombres ni sanciones ni faltas cometidas, pero felizmente está El Fiscal.

Todo esto hace pensar realmente si estas sanciones sirven de algo, veamos un caso: el del funcionario de EPSEL, Adolfo Manuel Dávila Tello, quien cobró ilegalmente cheques por los importes de 8 mil y 8 mil 800 soles, los cuales le fueron asignados para pagar servicios a favor de la entidad para la que trabajaba. Fue un asalto directo a las arcas regionales. El dinero recibido fue rendido con documentación de contenido falso. Sin embargo su sanción es de cinco (5) años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, es decir en el 2020 el podrá volver a trabajar, si es que no es este mismo año porque bastará que él no presente esta sanción en su legajo, y que la institución estatal que lo contrate omita hacer una búsqueda, no existe un Registro Nacional de Funcionarios Corruptos.

¿Conviene entonces implantar la muerte civil? Luego de ver este ejemplo, creo que sí, presentado en el año 2014 el proyecto de ley N° 2285/2012-CR o llamado “ley de muerte civil” busca declarar “incapaces” a quienes se les haya impuesto el pago de la reparación civil y la indemnización por los daños causados, hasta que cancelen el total del monto en deuda. Es que son más de 1,300 millones de soles lo que le deben al Estado por casos de corrupción, y solo el 10 por ciento ha sido pagado. Así, se buscaba impedir que aquellos que aún le deban al Estado puedan efectuar alguna acción civil como firmar contratos, préstamos, acuerdos, entre otros, hasta pagar sus deudas.

Sin embargo creo que deberíamos ser más estrictos,  quien roba al Estado debe ser sancionado de por vida, se debe modificar el Código Penal para establecer la pena de inhabilitación definitiva y la interdicción civil para los delitos de corrupción agravada. Es urgente realizar una reforma del aparato del Estado y una lucha frontal hacia la corrupción. No hay otra salida.

 

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