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En el gobierno regional hacen lo que quieren con el dinero de los lambayecanos

Julio 18, 2013
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<em>A pocos días del escándalo por pagarle una parte y quedarle debiendo otra a proveedor si...

A pocos días del escándalo por pagarle una parte y quedarle debiendo otra a proveedor sin contrato, ahora gestión del presidente Humberto Acuña comienza trabajos vulnerando la mismísima ley. CHICLAYO. Alta tensión. Un nuevo escándalo remece los cimientos del Gobierno Regional de Lambayeque, entidad que no terminaba de reponerse de la senda denuncia hecha por un proveedor, para verse envuelta en otra, en la cual se comprometen más de 33 millones de soles en inversión para una importante obra. Se trata de los trabajos de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pomalca – Saltúr – Sipán – Pampa Grande que fue licitada el 8 de abril del presente año, la cual presenta una serie de deficiencias desde su inicio. Como ya es sabido, el Gobierno Regional de Lambayeque vía el Comité Especial otorgó la buena pro para la ejecución de la obra en mención al Consorcio Vial Sipán integrado por: Roaya SAC Contratistas Generales y la muy cuestionada empresa Edicas SAC Contratistas Generales, esta última integrante del Consorcio Chiclayo, encargado de realizar la obra de saneamiento en el casco urbano de Chiclayo, la misma que actualmente cuenta con serios cuestionamientos en su ejecución. Para explicar la pésima manera y por demás informal como algunos funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque vienen manejando el dinero de todos los lambayecanos, el cual tratan como si fuera suyo al momento de contratar, buscamos al experto en temas de contratación con el Estado, Jorge Chávez Pita, quien hizo un profundo análisis de la situación, la cual deja mal parada a la gestión del actual presidente regional, Humberto Acuña Peralta. “En esta oportunidad queremos referirnos al hecho puntual que permita establecer la deficiente gestión que se viene realizando respecto al inicio de esta obra tan reclamada y postergada únicamente por la ineficiencia de los encargados de llevar a cabo los procesos de selección, quienes por desconocimiento de la norma de contrataciones han incurrido en actos que permiten la dilación del otorgamiento de la buena pro para la ejecución de la obra y, ahora inoportunamente pretenden llevar a cabo un concurso público para la contratación del servicio de supervisión de los trabajos a ejecutar”, explicó Chávez Pita. CÓMO SON LAS COSAS El ducho en este tipo de temas evoca que el proceso de selección denominado Licitación Pública N° 07-2012-GR.LAMB, convocado por el Gobierno Regional de Lambayeque para la ejecución de la obra referida, se inició el 20 de noviembre de 2012, cuya buena pro fue otorgada el 8 de abril del presente año, después de una serie de postergaciones por errores y vicios cometidos por el comité encargado de elaborar las bases del proceso, situación que permitió que la adjudicación de la buena pro se haya llevado a cabo después de más de 4 meses de la primera convocatoria. “Esta situación desde ya irregular, se aúna a que en la actualidad el gobierno regional ha convocado el concurso de selección para la supervisión de esta obra, procedimiento que ha sido llevado a cabo el 24 de mayo del presente, encontrándose publicado en el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) el Concurso Público N° 01-2013-GR.LAMB para la contratación del servicio de supervisión, cuyo otorgamiento de la buena pro está programado para el 1 de julio del presente año”, dijo el experto. Luego prosiguió y tomó como referencia que, desde el 8 de abril de los corrientes, el gobierno regional ya cuenta con el contratista que se encargará de su ejecución, esta no debería haberse iniciado si no se ha formalizado la contratación del servicio de supervisión, condición que está establecida en el artículo 180 - Inicio del plazo de ejecución, del Reglamento de Contrataciones, el cual establece lo siguiente: El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente en que se cumplan entre otras las siguientes condiciones: Que se designe el inspector supervisor según corresponda, procedimiento que deberá llevarse a cabo dentro de los 15 días de suscrito el contrato; así mismo el artículo 194 del mismo reglamento establece que, en la fecha de entrega del terreno se abrirá el cuaderno de obra respectivo, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda. VULNERANDO LA LEY En esta línea queda claramente establecido que la obra en mención no debería estarse ejecutando, ya que no existe el ente supervisor, por cuanto este recién será determinado el 1 de Julio y que luego del procedimiento de la formalización contractual este servicio quedará expedito posiblemente a fines del mes de julio de este año, iniciando sus funciones en el mejor de los casos en el mes de agosto, situación que estaría generando que la obra a ejecutar tendría un nuevo atraso de más de 4 meses a partir del 8 de abril, fecha que se adjudicó la buena pro para la ejecución, lo que implica que la ejecución de esta obra ha venido siendo postergada desde el mes de noviembre del año pasado, y que en la actualidad no podría haber sido iniciada por no contar en estos momentos con el servicio de supervisión adecuadamente. Estos hechos que resultan reiterativos son atribuibles principalmente a los encargados de las contrataciones quienes presumiblemente no están capacitados y actualizados respecto a la Ley de Contrataciones, condición que ha permitido que el proceso de ejecución haya sufrido varias postergaciones derivadas, inclusive por pronunciamientos del OSCE, quien pudo detectar serios vicios en el contenido de las bases y en los procedimientos llevados a cabo irregularmente respecto a este proceso. En este contexto y en aras de que la obra a ejecutar cuente con las garantías del cumplimiento de los procedimientos establecidos por la norma actual, es necesario que pese al significativo atraso ya generado para el inicio de su ejecución, esta debería ser iniciada en cuanto el servicio de supervisión este adecuadamente contratado y así no incurra en faltas que puedan incidir en la buena ejecución de la obra, ya que la misma debe ser supervisada desde su inicio como así lo establece la Ley de Contrataciones. ESCÁNDALO FRESCO Todo esto se da días después que en este medio, Semanario “El Fiscal”, el proveedor, Alexander Gonzáles Hernández, pusiera al descubierto la manera tan inconsecuente como los funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque hacen uso de los recursos de forma tan voluble, sobre todo a la hora de contratar los servicios para las obras que ejecuta esta sede. El proveedor denunció que esta institución no cumple con pagarle una deuda de más de 36 mil soles, la cual arrastra desde el año pasado, todo porque luego de meses de haber cobrado de manera regular y sin ningún problema, le retuvieron sus pagos al darse cuenta que no habían celebrado un contrato tal y conforme manda la ley. Esta situación ha provocado la reacción del propio administrador del Gobierno Regional de Lambayeque, Víctor Miranda Monteza, quien coincidente y anecdóticamente, es uno de los denunciados por Gonzáles Hernández, por ser este quien no le da viabilidad al pago de su deuda, a pesar que él mismo firmó varias órdenes de pago anteriores a nombre del proveedor. Actualmente, el caso ha sido denunciado por Alexander Gonzáles Hernández en el Primer Juzgado de Paz Letrado de Chiclayo, y paralelamente, el área de Imagen Institucional de la sede regional ha informado que el caso también se viene ventilando de manera administrativa, estando a la espera de lo que pueda resolver la justicia. SECTOR SALUD Como si esto fuera poco, en el hospital Belén de Lambayeque se vuelve a poner sobre el tapete la denuncia que hiciera hace casi 2 meses el cuerpo médico de este nosocomio, el mismo que pidió se investigue la compra presuntamente sobrevalorada de 70 camas y 40 veladores (mesas de noche). El caso que en su momento (hace casi 2 meses) el propio gerente regional de Salud, Carlos Uriarte Núñez, dijo que lo había pasado con carácter de urgente al Órgano de Control Institucional (OCI), sigue sin resolverse y, en los últimos días, trabajadores del vetusto hospital de la Ciudad Evocadora descubrieron que 2 personas llegaron hasta estas instalaciones y con spray en mano lijaron y pintaron las camas y veladores supuestamente nuevos, los mismos que desde su adquisición se mostraban algo oxidados. ALGO MÁS En el hospital Belén se pagó por cada cama más de 4 mil soles; mientras que por cada velador se canceló mil 400 soles. Por versión del propio gerente regional de Salud, Carlos Uriarte, hace poco, el director del nosocomio, Jorge Postigo, recién alcanzó la documentación que el OCI le requirió en más de una oportunidad.

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