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Ingeniero especilista en temas de contratación con el Estado expone la cruda realidad de los proyectos de inversión y brinda alternativas de solución

Agosto 11, 2016
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Presidente del Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros de Lambayeque advierte que los malos manejos se agravan por la inacción de los organismos de control

CHICLAYO.Actualmente nuestro país está viviendo una crisis política y técnica generalizada relacionada con la deficiente calidad final de las obras públicas, las mismas que en todas las etapas de su ciclo de vida como proyecto vienen siendo rodeadas por gestiones deficientes y por hechos de corrupción.

Todo esto podría ser considero como causa principal, ya que ésta “al ser sistémica distorsiona los incentivos (la competitividad entre las empresas constructoras), socava las instituciones públicas y redistribuye la riqueza y el poder en forma injusta”, refiere Manuel Borja Suarez, presidente del Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros de Lambayeque.

El experto añade que todo esto se ve agravado por la inacción (ya sea por negligencia o por sobre saturación) de los organismos de Control público y por los las incoherencias y vacíos legales en la Ley y Reglamento de Contrataciones con el Estado, que están originando que muchas obras en el país terminen siendo abandonadas, o al poco tiempo de su inauguración se deterioren y colapsen consiguiendo todo lo contrario a los objetivos de un proyecto exitoso.

“La inversión en obras públicas no son cifras nada despreciables, así en el año 2015 el Estado invirtió S/.35, mil 758 millones de soles en proyectos de infraestructura y para el presente año se ha elevado a S/. 37 mil millones de soles; así mismo de lo que va el año 2016 se vienen ejecutando a nivel nacional 51,343 obras públicas que involucran una inversión acumulada de S/. 286 mil 448 millones de soles”, remarca el técnico.

Borja lamenta que no todo ha salido bien, ya que la Contraloría reportó que en el año 2015 existieron 560 obras paralizadas a nivel nacional por diferentes motivos y en lo que va este año 2016 tenemos 968 obras en la misma situación que ascienden a una inversión de S/. 4 mil 134 millones de soles (Fuente: InfoObras).

“De estas últimas obras el 55% no tiene motivos justificados de paralización. Así mismo, un estudio adicional de la Contraloría General de República entre los años 2003 y 2013 determinó que el Estado perdió el 70% de los arbitrajes a los que se sometió para resolver controversias y como consecuencia de ello se pagó mil 128 millones a empresas y contratistas privados, que si bien es cierto podrían haber sido justas, lo más probable es que no hayan estado presupuestadas”, sostiene.

 

LA CORRUPCIÓN, UN MAL.

Con respecto a la influencia de la corrupción en los proyectos de inversión,  Manuel Borja señala que, hace unos años la entonces primer ministra Ana Jara anunciaba a todo el país que la corrupción en el Perú había generado pérdidas por 10 mil millones de soles en el año 2013, de ahí a la fecha se desconoce si estas han aumentado.

“Pero de lo que si estamos seguros es que no han disminuido. Otro dato interesante es que en el año 2014, 19 presidentes regionales estuvieron implicados en 158 casos de corrupción, debido principalmente a licitaciones direccionadas, obras públicas sin concluir o pagos no autorizados (La República, mayo 2014).

A nivel local para ese mismo año se tuvo el antecedente que 25 de los 38 alcaldes de la región Lambayeque también afrontaban procesos judiciales por los mismos motivos. Esta situación se agrava cuando se mide la percepción de la corrupción en los ciudadanos de nuestro país.

Así, un estudio publicado por el Latibarómetro (2011) indicaba que el 15% de la población estaba de acuerdo con pagar coimas para obtener beneficios, cifra que aumentó considerablemente al año siguiente (2012) en otro estudio realizado por Proética, en el cual de 6000 encuestados distribuidos en 16 ciudades del país se encontró que el 23% de ellos creen que las coimas son necesarias”, indica.

Con estos antecedentes y a pesar que estas últimas cifras no son todavía devastadoras - dice Manuel Borja- , el panorama para los próximos años no es muy alentador, ya que se aprecia un crecimiento sistemático y constante.

El reconocido ingeniero pone sobre el análisis Problemática Vs. Propuestas y recalca que, si bien es cierto la problemática de las obras públicas es más visible durante la etapa de ejecución, estas no son ajenas a que en otras etapas del proyecto también se encuentren problemas de fondo que ameritan también un análisis.

“Direccionamiento de las licitaciones y concursos públicos, su problemática: Mediante el cual muchas entidades incluyen requisitos muy direccionados en los requerimientos técnicos mínimos (RTM) para que un solo postor los cumpla y gane la buena pro; requisitos que muchas veces no tienen nada que ver con la ejecución técnica de la obra, o no son necesarios para brindar un servicio de supervisión o consultoría. En la mayoría de obras los requisitos mínimos no son razonables, ni congruentes y desproporcionales al objeto de la convocatoria, y han sido producto de la colusión entre la entidad y el postor”, sostiene.

Otro punto son las propuestas, en este aspecto Borja sugiere facultar al Organismo Supervisor de las Compras del Estado-OSCE- a eliminar de oficio un requisito del que se intuya ha sido colocado para direccionar la obra hacia un postor.

“Si le solicitan a la entidad que justifique este requisito, ésta encontrará la manera de hacerlo, es por eso que se tienen que dar más facultades y empoderamiento al OSCE.

Los estudios académicos de maestría y doctorado que muchas veces se solicitan en los procesos, deberán excluirse, debido a que estos grados fueron creados con fines de investigación a nivel de la docencia universitaria y no necesariamente contribuyen con la experiencia de campo que debe tener un ingeniero residente o un ingeniero supervisor”, afirma.

Asimismo añade que, en todo caso estos estudios deberían ser exigibles solamente para consultorías en la elaboración de expedientes técnicos. Lo que sí podría incluirse en los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) son los estudios de segunda especialidad sobre un área específica, títulos que también pueden ser otorgados por las universidades.

“En caso se incluyan requisitos basados en cursos de especializados y capacitación, estos deberían considerarse solamente para consultorías muy especializadas que lo requieran.

Estandarizar y establecer rangos de experiencia profesional mínima para consultores en función al tipo de proyecto: saneamiento, colegios, pistas y veredas, carreteras, etc. que sean aplicados en todas las entidades y así se evitaría colocar como requisito, por ejemplo, solicitar 20 años de experiencia para la construcción de un parque”, agrega.

Manuel Borja es de la idea de que, el Colegio de Ingenieros del Perú podría colaborar con el OSCE para establecer estos rangos.

“Por último está la Colusión entre las entidades y los postores, lo cual también genera una problemática: La colusión es uno de los principales males reiterativos en nuestro sistema de contrataciones de obras públicas que está relacionado directamente con el direccionamiento de las mismas”, señala.

Además está la propuesta, la que para Borja viene a significar la obligatoriedad de incorporar al Órgano de Contratación o Comité de Selección a un (01) miembro designado por el Colegio de Ingenieros del Perú de la Filial del departamento donde esté ubicada la obra y que incluso pueda verificar los RTM exigidos por el área usuaria.

“Si bien es cierto, el CIP no tendría capacidad para participar en todas los procesos, se podría priorizar las licitaciones y concursos públicos cuyos montos sean mayores o iguales a 100 UIT. Con esto se podría asegurar la transparencia e idoneidad técnica del proceso”, remarca.

En ese mismo orden aparece el item profesional, que tiene que ver con aquellos que ganan las licitaciones, los mismos que no participan en la ejecución de las obras.

“Aquí se genera una nueva problemática, como es la existencia de empresas que ganan varias licitaciones o concursos públicos al mismo tiempo, al haber conseguido que la entidad considere un RTM que solo un profesional de su staff puede cumplir y estos mismos requisitos los utilizan en varias obras. Una vez que se otorga la buena pro, estos profesionales renuncian a la obra y se presentan en otra y en ningún momento participan directamente en la misma”, advierte Manuel Borja.


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