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Perjuicio económico provocado por las entidades públicas en la región supera los S/ 100 millones

Agosto 11, 2016
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De acuerdo a los informes de la Contraloría, en el 2014 el desmedro económico originado por funcionarios y servidores estatales pasó los S/ 6 millones; pero en el 2015 sobrepasó los 94 millones

CHICLAYO. Un revelador informe al cual el equipo de investigación del Semanario ‘El Fiscal’ tuvo acceso, da cuenta que según la Oficina de Coordinación Norte de la Contraloría General de la República, entre el 2014 y 2015 existe un perjuicio económico de más de 100 millones de soles al Estado, es decir al bolsillo de todos los peruanos.

Para dar detalles de este nuevo informe periodístico, una vez más nuestra unidad de investigación, amparada al acceso a la información pública, solicitamos a la Oficina de Coordinación Norte de la Contraloría General de la República nos dé detalles del trabajo desarrollado por el equipo de auditores a las empresas del Estado en el departamento de Lambayeque.

En la información proporcionada se nos informa que durante el año 2014 existe un perjuicio económico de 6 millones 119 mil 263 soles, mientras que en el año 2015 la cifra aumenta desenfrenadamente a 94 millones 400 mil 391 soles.

PERJUICIO ECONÓMICO

Para tener un panorama más claro y técnico, pactamos un dialogo con Nelson Guevara Altamirano, gerente de la Oficina de Coordinación Norte de la Contraloría General de la República, quien nos detalla que el perjuicio económico es la suma de dinero defraudado al Estado, producto de la mala actividad, o que la operación, transacción o actividad que hizo el funcionario o servidor público transgredió la normativa, y como resultado de eso, el Estado se ve perjudicado.

“En el monto final están involucrados los funcionarios o servidores públicos y los informes ya han sido derivados a la Procuraduría y a través de ella, al Ministerio Público y en otros casos están en carpetas de control, que ya han sido dirigidos a la Fiscalía también”, refiere Guevara Altamirano.

Asimismo, aclara que para poder determinar este perjuicio económico, han desarrollado las operaciones a diferentes entidades donde se han hecho auditorias y que están registradas en los informes del personal de las auditorias.

“El perjuicio económico no solo puede ser por dinero invertido en obras. Puede ser por distintos conceptos. El perjuicio económico es un efecto que ocasiona daño al Estado. Por ejemplo, cuando los regidores de un determinado Concejo Provincial económicamente se incrementan indebidamente las dietas, ese monto de aumento es el perjuicio económico. La ventaja que este perjuicio económico puede y debe ser recuperado mediante la vía judicial, civil o penal dependiendo de cada uno de los aparentes delitos que correspondan, mediante indemnización o resarcimiento que el procurador debe exigirle a los imputados”, agrega.

DINERO RECUPERABLE

Asimismo, Nelson Guevara aclara que la Contraloría ya hizo su trabajo y producto de ello se ha determinado que en el 2014 y 2015 existe un perjuicio económico de más 100 millones de soles y que ahora le corresponde al Poder Judicial recuperar dicho monto.

“La cuantificación e independización de qué monto se tendrá que reparar, le corresponde a cada imputado, justamente está detallado en cada uno de los informes emitidos por los auditores de la Contraloría.

A partir del 2015 son denominados auditorías de cumplimiento. Como resultado el 2015 se puede notar la pérdida de 94 millones de soles. El gasto pudo ser mayor el año pasado por la mayor inversión, por lo tanto los montos de perjuicios económicos son mayores, ello es producto de evaluación”, indica.

ENTIDADES INVOLUCRADAS EN 2014

Según el informe al cual tuvimos acceso, se detalla que la Municipalidad Distrital de Mórrope, según el Informe Especial N° 139-2014-CG/L430-EE; considera un perjuicio económico de 218 mil 760 soles.

En la Municipalidad Provincial de Lambayeque, según el Informe Especial N° 127-2014-CG/L430-EE, considera un perjuicio económico de 312 mil 426 soles.

En la Municipalidad Distrital de Santa Rosa el Informe Especial N° 528-2014-CG/L430-EE, puntualiza un perjuicio económico de 12 mil 513 soles. Sobre esta misma entidad también existe el Informe Especial N° 625-2014-CG/L430-EE, donde se señala un perjuicio económico de 393 mil 717 soles y en el Informe Especial N° 663-2014-CG/L430-EE, se revela un perjuicio económico de un millón 502 mil 512 soles.

En la Municipalidad Distrital de Monsefú, según el Informe Especial N° 626-2014-CG/L430-EE, anota un perjuicio económico de 313 mil 665 soles. En el Informe Especial N° 699-2014-CG/L430-EE, advierte un perjuicio económico de un millón 081 mil 816 soles. En el Informe Especial N° 700-2014-CG/L430-EE, detalla un perjuicio económico de 458 mil 250 soles.

Asimismo, en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, según el Informe Especial N° 735-2014-CG/L430-EE, se advierte un perjuicio económico de un millón 423 mil 558 soles.

 

2015

En lo que corresponde al año 2015, en la Municipalidad Distrital de Olmos, según la Carpeta de Control N° 046-2015-CG/L430-EE-CC, se indica que existe un perjuicio económico de un millón 715 mil 096 soles. Además, según el Informe Especial N° 028-2015-CG/L430-EE, se considera un perjuicio económico de 236 mil 094 soles.

En la Municipalidad Distrital de Tumán, según la Carpeta de Control N° 065-2015-CG/L430-EE-CC, se considera un perjuicio económico de 2 millones 536 mil 719.34 soles.

En el Gobierno Regional Lambayeque, según la Carpeta de Control N° 119-2015-CG/L430-EE-CC, existe un perjuicio económico de un millón 021 mil 789.10 soles.

En la Municipalidad Provincial de Chiclayo, según la Carpeta de Control N° 062-2015-CG/L430-EE-CC, se detalla un perjuicio económico de un millón 727 mil 117 soles. Asimismo, según el Informe N° 932-2015-CG/L430-EE, se puntualiza un perjuicio económico de 2 millones 025 mil 398.93 soles.

En cuanto al exServicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SATCh)-hoy Centro de gestión Tributaria, según la Carpeta de Control

N° 066-2015-CG/L430-EE-CC, se especifica un perjuicio económico de 561 mil 908 soles. Además, según la Carpeta de Control N° 078-2015-CG/L430-EE-CC, se comunica un perjuicio económico de 118 mil 788 soles.

Asimismo, según la Carpeta de Control N° 122-2015-CG/L430-EE-CC, se informa un perjuicio económico de 57 millones 537 mil, 456.31 soles.

Por último, sobre esta misma entidad existe el Informe N° 947-2015-CG/L430-EE, donde se comunica un perjuicio económico de 409 mil 607.40 soles.

En cuanto a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), según la Carpeta de Control N° 055-2015-CG/L430-EE-CC, existe un perjuicio económico de 892 mil 974 soles.

Asimismo, según la Carpeta de Control N° 060-2015-CG/L430-EE-CC, se detalla un perjuicio económico de un millón 260 mil 365.45 soles.

De igual forma, según la Carpeta de Control

N° 068-2015-CG/L430-EE-CC, se puntualiza un perjuicio económico de un millón 426 mil 438.54 soles.

En cuanto a la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo, según la Carpeta de Control N° 041-2015-CG/L430-EE-CC, se especifica un perjuicio económico de 114 mil 788 soles.

Entre otras entidades del Estado figura la Municipalidad Distrital de Salas, que según Informe de Auditoría N° 924-2015-CG/CRN-AC, existe un perjuicio económico de un millón 999 mil 358.47 soles.

En la lista también figura la Municipalidad Distrital de Eten, donde según el Informe de Auditoría N° 923-2015-CG/L430-AC, existe un perjuicio económico de 5 millones 523 mil 062.58 soles.

Cierra la lista de entidades públicas de la región Lambayeque, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, donde según el Informe de Auditoría N° 912-2015-CG/L430-AC, en el 2015 existe un perjuicio económico 94 mil 600.50 soles. 

   

225 MILLONES DE SOLES MÁS…

Según el reporte al cual tuvimos acceso, también existe otro rubro que es denominado, ‘montos involucrados’, en cual se consigan los montos totales invertidos en cada uno de los casos.

En el año 2014 se revela que existe un total de 114 millones 083 mil 532 soles, mientras que en el año 2015 son 111 millones 255 mil 475 soles.

Ante esto, el gerente de la Oficina de Coordinación Norte de la Contraloría General de la República, detalla al Semanario ‘El Fiscal’ que los montos involucrados son aquellos que se cuantifican, producto de la inversión en la operación.

“Por ejemplo, en una obra se invirtió 100 millones, pero es un tipo de delito que no requiere cuantificar un perjuicio económico porque está aún en investigación fiscal. Es el monto comprometido con los casos de investigación. Para nosotros como Contraloría, como el tipo de delito no exige cuantificar el monto de perjuicio, solamente se consigna la inversión y el fiscal decidirá hacer los procedimientos que considere correspondan en cada uno de los casos”, revela.

Entras las entidades que están inmersas en los ‘montos involucrados’, figuran la Municipalidad Distrital de Olmos con 110 millones de soles. El Gobierno Regional de Lambayeque con 51 millones 147 mil 074.84 soles. La Municipalidad Distrital de Tumán con un millón 293 mil 437 soles. La Municipalidad Provincial de Chiclayo con 2 millones 798 mil 548.13 soles. La Sociedad de Beneficencia pública de Chiclayo con 107 mil 077 soles. La Municipalidad Provincial de Ferreñafe con 47 millones 242 mil 844.63 soles y la Municipalidad Distrital de Salas con 850 mil 520 soles.

Guevara Altamirano, aclara que si dentro de las entidades públicas existiera una mejor gestión lógicamente eso va a tener una repercusión en el buen uso de los recursos, por tanto el perjuicio económico será menor.

Asimismo, agrega que su ámbito regional tiene a su cargo la región Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, La Libertad y Amazonas. 

“A nivel de las 7 regiones que tenemos a nuestro cargo, son un total de 377 millones de soles de perjuicio económico desde el 2014. En el monto involucrado llegamos a 699 millones de soles. El análisis es que hay una suma bastante alta que el Estado está perdiendo materia de las defraudaciones, producto de una mala gestión que no observa la normativa y han sido situaciones que afecta el patrimonio de Estado y  que podría estar canalizándose en la vía penal y judicial como delito de corrupción de funcionarios”, afirma.

Por último, revela que en todos estos montos económicos detallados en el informe anual del 2014 y 2015, están involucrados los funcionarios de confianza y servidores públicos de acuerdo a informes concluidos que ya han sido derivados a la Procuraduría y a través de ella al Ministerio Público y en otros casos están en carpetas de control que ya han sido dirigidos también a la Fiscalía. 


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