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Propuesta a la sociedad civil

Diciembre 21, 2016
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¿Conviene entonces, o será una hoja más echada al viento, intentar la defensa formal, independiente de toda presión, de la ética pública?

Hay hechos que no están previstos en la ley como infracciones, pero que de una u otra forma causan perjuicio al romper el equilibrio necesario para una relación normal entre las personas. O, en otros casos, no obstante la vigilancia de la ley, ésta es vulnerada como se estruja un papel inservible, para favorecer a quienes detentan algún poder político o económico. El escándalo y el daño que esto origina dan lugar a la justificada reacción que demanda una enmienda en la conducta, sobre la base de sólidas fórmulas culturales y morales. Una de éstas es la organización de instituciones encargadas de velar por la ética pública. El éxito o fracaso depende de su idoneidad e independencia, imposibles si tales entidades surgen y actúan bajo el alero del Gobierno de turno, porque sus personeros se preocuparán mayormente de evitar o cubrir las críticas adversas surgidas del clamor público por actos deshonestos, como los que vienen aconteciendo en el Congreso de la República, ministerio de Educación entre otras entidades del Estado. En nuestro país no hay un organismo oficial que cautele la ética pública –el cual devendría en inútil- es oportuno que la sociedad organizada forme una institución a la que se le confíe tan delicada, difícil y hasta tal vez riesgosa pero urgente tarea. Como toda entidad de resguardo moral, sus acuerdos no tendrían fuerza coercitiva, pero servirían mucho como cuestionamiento de honor, de lo antiético que se viene cometiendo en los estamentos del Estado. Lo público no es algo inestable que flota y que de manera indebida puede estar a expensas de intereses, ni de la obsecuencia sumisa de quienes estando obligados a cumplir un deber, no lo hacen. Ética pública es responder espontáneamente a los deberes de función, sin mácula; es la ética fundamentada en los valores supremos de toda nación civilizada. La sociedad es donde se cristalizan los actos tendientes al bien común, como anhelo y realidad justa no subordinados a ningún provecho propio, egoísta. El bien común es un compendio de hechos y actividades que satisfacen una necesidad también común, de significado trascendente, que al alcanzarlo fomenta un estado de seguridad, confianza y bienestar que hoy no hay en el país, tan encrespado. Es un anhelo insatisfecho y cuya realización requiere una autoridad competente tanto en lo moral como en lo específico de su cargo, libertad responsable, éticamente ejercida y una efectiva participación colectiva cívica. ¿Conviene entonces, o será una hoja más echada al viento, intentar la defensa formal, independiente de toda presión, de la ética pública?

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