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Nuevas herramientas del Osce para denunciar a postores que presenten documentación e información falsa

Marzo 07, 2017
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El propósito es regular la fiscalización posterior ante la presentación de documentos inexactos por parte de los proveedores

A partir de la dación del D.L. comprendido en el último paquete legislativo publicado por el Gobierno, en el marco de las facultades derivadas, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- Osce- emitido las opiniones 025-2017/DTN respecto a la fiscalización posterior de la documentación presentada por el ganador de la buena pro presentada en un proceso de selección. Esto ha sido emitido de conformidadcon lo señalado en el numeral 2.5 de la Exposición de Motivos del Reglamento, la principal razón por la que se imponían las sanciones que preveía la anterior normativa de contrataciones del Estad era la presentación de documentación falsa o información inexacta.

En esa medida, resultaba necesario que la normativa de contrataciones del Estado vigente (Ley, Reglamento y demás disposiciones de carácter complementario emitidas por el OSCE) contemple mecanismos eficientes destinados a garantizar que los proveedores que formulen ofertas en los procedimientos de selección se vean disuadidos de presentar documentación falsa o información inexacta.

Al respecto debe indicarse que el artículo 24 del Decreto Legislativo N° 1017 -vigente hasta el 8 de enero de 2016- establecía que si el Comité Especial tomaba conocimiento que en alguna propuesta obraba un documento sobre cuya veracidad o exactitud existía duda razonable, debía informar el hecho al órgano encargado de las contrataciones para que este último efectuase la inmediata fiscalización, lo cual no suspendía, en ningún caso, la continuidad del proceso de selección.

Como se advierte, la anterior normativa de contrataciones del Estado disponía que los documentos y/o declaraciones presentados por los postores durante la tramitación de un proceso de selección eran objeto de fiscalización posterior cuando el Comité Especial conocía de hechos que generaban una duda razonable respecto de la veracidad de estos y comunicaba ello al órgano encargado de las contrataciones.

De esta manera, aquellos documentos respecto de los cuales existían dudas razonables acerca de su veracidad eran fiscalizados por el órgano encargado de las contrataciones directamente, sin que para ello fuera necesario recurrir al sistema de muestreo -establecido por el artículo 32 de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General[1]”- a fin de corroborar su veracidad y autenticidad.

Tal como se indicó en el numeral precedente, la anterior normativa de contrataciones del Estado disponía que ante la duda razonable respecto de la veracidad de un documento presentado por un postor en su propuesta, el órgano encargado de las contrataciones procediera con la fiscalización posterior.

No obstante, el presupuesto de “duda razonable” admitía cierto grado de subjetividad que se ha superado en las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado vigente.

Así, el último párrafo del artículo 42 del Reglamento establece -de manera objetiva- que la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el postor ganador de la Buena Pro, son sometidas a fiscalización posterior; sin embargo, señala que ello será realizado “(…) conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

(…)”.

De esta manera, si bien la remisión al artículo 32 de la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento

Administrativo General” podría entenderse en el sentido que debe realizarse un muestreo a partir del cual se efectúen las acciones correspondientes a la fiscalización posterior, no debe olvidarse que uno de los propósitos de las disposiciones que regulan la fiscalización posterior es disuadir la presentación de documentos falsos e información inexacta por parte de los proveedores.

En ese sentido, teniendo en cuenta que el otorgamiento de la Buena Pro por parte del Comité

Especial es la principal motivación de todo proveedor cuando participa en un proceso de selección, la manera más eficaz de disuadir la presentación de documentación falsa e información inexacta es establecer que la documentación presentada por el postor ganador de la Buena Pro necesariamente sea objeto de fiscalización posterior.

Por lo tanto, considerando que uno de los propósitos de las disposiciones que regulan la fiscalización posterior es disuadir la presentación de documentos falsos e información inexacta por parte de los proveedores y en la línea de lo establecido en la anterior normativa de contrataciones del Estado, el procedimiento de fiscalización posterior regulado en el artículo 42 del Reglamento obligatoriamente debe efectuarse respecto de aquellos documentos, declaraciones y traducciones presentados por el postor ganador de la Buena Pro, de manera directa, sin que para ello sea necesario recurrir al sistema de muestreo establecido por el artículo 32 de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.

De esta manera, cuando el artículo 42 del Reglamento hace referencia al artículo 32 de la Ley N°

27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, dicha referencia debe entenderse efectuada respecto del procedimiento de fiscalización posterior y no de la necesidad de realizar de un muestreo previo.

 

OTRA OPINIÓN DEL OSCE.

Asimismo, con fecha 16 de febrero se emitió la opinión  047- 2017/DTN.  Respecto a  la prerrogativa que le otorga cualquier proveedor de solicitar la nulidad del procedimiento de selección en atención  en la que señala que, en atención a lo dispuesto en los artículos 10º y 11º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y en concordancia con lo señalado en el artículo 44º de la Ley de Contrataciones del Estado, cualquier participante o proveedor puede solicitar – ante la Entidad – la nulidad del procedimiento de selección, en caso advierta que existen hechos que configuren causal para dicha nulidad.

Corresponde al titular de la entidad resolver esta solicitud, quien puede declarar la nulidad del procedimiento de selección sólo hasta antes de la suscripción del contrato.

Otro Procedimiento permitido en nuestra normativa es la solicitud de “dictamen sobre cuestionamientos” que se presenta ante el Osce, en este caso cualquier tercero recurrente, tales como organizaciones, asociaciones y la ciudadanía en general, se encuentra facultado a formular cuestionamientos sobre trasgresiones a la normativa de Contrataciones del Estado en las que pudiera haber incurrido alguna entidad, de conformidad con los dispuesto en la Directiva N° 009-2016-OSCE/CD “Acciones de Supervisión a pedido de parte”.

Sin embargo, ninguno de estos mecanismos suspende el procedimiento de selección, pudiendo la entidad continuar con el trámite de suscripción del contrato, bajo responsabilidad en caso se advierta la existencia de alguna causal de nulidad.




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