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Atención con las nuevas modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Junio 28, 2017
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Las flamantes directivas dictan los pasos previos para el otorgamiento de los famosos adicionales que siempre se dan en los proyectos de inversión pública.

CHICLAYO. Mediante el Decreto Legislativo N° 1341-2017 incluido en el último paquete legislativo promulgado por el Ejecutivo, en el marco de las facultades delegadas, dicho cuerpo normativo ha incluido importantes modificaciones en el sistema de contrataciones del Estado, con la finalidad de transparentar los procesos de contratación y combatir la corrupción, aumentar la competencia y mejorar la eficiencia.

La inclusión de un aspecto relevante incluido en la norma modificada está referida en la regulación implícita para el otorgamiento de adicionales de obra, los cuales con frecuencia y en algunos casos indebidamente fundamentados, son aprobados tanto por el supervisor de la obra como los titulares de las entidades contratantes.

En este sentido, el Artículo 32° del referido Decreto Legislativo en el numeral 32.1 ha considerado la obligatoriedad de incluir en los contratos de obra la identificación y la asignación de los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, según el análisis realizado en la planificación.

Dicho análisis deberá formar parte del expediente técnico y se realizará conforme a las directivas que se emitan para tal efecto.

En esta misma línea, el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 056-2017-EF que modifica el Decreto Supremo N° 350-2016-EF-Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), considera en el numeral 8.2 que para la contratación de obras, la planificación debe incluir la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos.

El análisis de riesgos implica identificarlos por niveles en función a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (ii) su impacto en la ejecución de la obra.

En este sentido, la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD recientemente aprobada, ha dictado los procedimientos que deberán ser llevados a cabo por las entidades públicas para la elaboración de la Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras, la cual tiene como finalidad la precisión y la uniformidad de los criterios que deben ser tomados en cuenta por las entidades para la implementación de la gestión de riesgos en el proceso de ejecución de obras, con lo que, se incrementará la eficiencia de la inversión pública.

Siendo la Directiva precitada de cumplimiento obligatorio para las entidades que se encuentren bajo el ámbito de la aplicación de la normativa de contrataciones del Estado; las disposiciones generales dictadas en dicha directiva considera que, al elaborar el expediente técnico, la entidad debe incluir un enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.

En esta misma línea, dicho cuerpo normativo establece que las entidades al elaborar las bases de los procesos que se convoquen para la ejecución de la obra, el comité de selección debe incluir en la proforma del contrato, conforme a lo que señala el expediente técnico, las cláusulas que identifiquen y asignen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que debe ser asumido durante la ejecución contractual.

Identificados los riesgos posibles de su ocurrencia, como pueden ser: por errores o deficiencias en el diseño que repercuta en el costo o la calidad de la infraestructura, ni el de servicios y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra con el consecuente pago que debería asumir la Entidad como gastos generales que el contratista podría solicitar por esta razón.

En iguales condiciones podrían ocurrir riesgos de construcción que generen sobre costos (adicionales de obra) y/o sobreplazos durante el periodo de construcción.

Otros riesgos explicitados en la norma directriz, que deberían ser advertidos oportunamente con la finalidad de no generar sobrecostos de obra, están referidos a la expropiación de terrenos, como también a fallas geológicas y/o geotecnia, interferencias, servicios afectados, riesgo ambiental, arqueológico, obtención de permisos y licencias, riesgos derivados de eventos de fuerza mayor a casos fortuitos, riesgos reguladores o normativos, accidentes de construcción y daños a terceros, todos ellos plasmados en una “Matriz de Riesgos”, la cual, conjuntamente con el informe de riesgos previamente elaborado, deben de ir acompañando al expediente técnico.

Todo esto con la finalidad de que los riesgos advertidos sean admitidos para la cancelación de adicionales de obras por parte de la entidad, que por estos hechos los contratistas podrían solicitarlos, en tanto y en cuanto, estos estén considerados en ambos documentos preventivos y de esta manera frenar las indiscriminadas solicitudes por parte de los contratistas del pago de adicionales de obra, en algunos casos injustificados, para lo cual cuentan con las aprobaciones sistemáticamente fundamentadas, tanto por la supervisión como por los funcionarios encargados de aprobarlas y hacerlas efectivo, encareciendo de esta manera los presupuestos de las obras que en la mayoría de los casos son entregadas con serias deficiencias en su proceso constructivo y en su plena operatividad.


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