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Millonaria obra en La Victoria dilata su inicio porque postor que presentó documentos inexactos impugna fallo del Osce

Julio 08, 2017
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A pesar que las evidencias apuntan a que la constructora Mundo, en consorcio con PYASA SAC., habría acreditado certificados desacertados de sus profesionales, insisten en que se les adjudique el proyecto.

LA VICTORIA.Al margen de la norma. Una vedada actitud habría utilizado la ‘tristemente célebre’ Constructora Mundo, la misma que participó en el proceso de selección convocado por la Municipalidad Distrital de la Victoria, para elegir al ejecutor de la obra, “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del perímetro de la Av. Grau, Calle Mesones Muro, calle Inca Roca y Av. Gran Chimú”, cuyo presupuesto asciende a más 8 millones de soles, en el cual presentó siete certificados para acreditar experiencia de profesionales, los cuales presuntamente resultarían ser falsos.

El proceso en cuestión fue llevado a cabo inicialmente el 10 de noviembre de 2016, en esa oportunidad, Constructora Mundo SRL., conjuntamente con la empresa PYASA SAC. Ingeniería y Construcción conformaron el Consorcio Saneamiento Miguel Grau – La Victoria, obteniendo la buena pro del proceso, adjudicación que fue declarada nula por el alcalde Anselmo Lozano Centurión mediante la Resolución N° 776 -2017-MDLV/A, debido a que las bases del proceso no habían sido debidamente implementadas de acuerdo al Pronunciamiento emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones (OSCE).

En dicho procedimiento, el Consorcio Saneamiento Miguel Grau – La Victoria presentó siete (07) certificados con la finalidad de acreditar experiencia de los profesionales propuestos para la ejecución de la obra.

De los siete certificados, cuatro de ellos supuestamente habrían sido suscritos por el representante legal del Consorcio Victoria, Juan Carlos Gonzales Gamarra, ganador de la buena pro a finales del año 2007, en ese momento  para la ejecución de la obra a cargo de la Municipalidad Distrital de Pátapo, denominada, “Mejoramiento y Ampliación Integral del Sistema de Agua Potables y Alcantarillado de Patapo”.

Como quiera que los documentos en cuestión eran necesarios para acreditar la experiencia requerida de los profesionales encargados de la ejecución de la obra, Constructora Mundo SRL. aportó dentro de los siete certificados, cuatro de ellos para acreditar la experiencia del administrador de la obra, en este caso la licenciada en administración, Lily Fernández Pasapera, mediante el cual se deja constancia que la referida profesional ha laborado como tal en la obra de saneamiento ejecutada en el distrito de Pátapo por el Consorcio Victoria en el periodo comprendido del 4 de setiembre del 2008 al 19 de junio del 2009, presuntamente suscrito el 2 de julio de 2009 por el representante legal del consorcio.

Un segundo certificado está referido a la participación  del ingeniero civil, Edver Antonio Bravo Cabrera, en la ejecución de la obra en el distrito de Pátapo, quien según dicho documento se habría desempeñado como especialista en impacto ambiental en el periodo del 4 de setiembre 2008 al 19 de junio del 2009, constancia que aparentemente habría sido  refrendada el 4 de agosto del 2009 por Ing. José Carlos Gonzales Gamarra.

El tercer certificado otorgado por el Consorcio Victoria, hace referencia que  la ingeniera civil, Clara Risco Villa, igualmente había laborado en la obra de saneamiento de Pátapo, desempeñando el cargo de especialista en suelos durante el periodo del 4 de setiembre del 2008 al 19 de junio del 2009, constancia que supuestamente habría sido suscrita el 15 de julio del 2009 por el representante legal del Consorcio Victoria.

En iguales condiciones, el cuarto certificado supuestamente suscrito por el representante legal del Consorcio Victoria el 7 de julio del 2009, acredita que el ingeniero civil, Jorge Alejandro Díaz Said, ha laborado en dicha obra por el mismo periodo consignado en los certificados anteriores, desempeñando el cargo de especialista en seguridad.

Pero de la revisión de los cuatro (4) certificados se precia una clara identidad entre las cuatro (4) firmas que se atribuyen al ingeniero José Carlos Gonzales Gamarra- representante legal del Consorcio Victoria-, así como su posición del sello en relación con la firma, al punto de reproducirse en cada uno de los casos, la firma del presunto emisor con coincidencias absolutas en su ubicación, dimensión, distribución e incluso en las interrupciones  y/o defectos de trazos presentes en cada uno de ellos, así como su ubicación exacta respecto a la línea sobre la que aparece como consignada, coincidiendo, incluso, en los puntos en que cada una de dichas firman toman contacto con esa línea.

Bajo estas condiciones se estaría acreditando un aparente fraude documental mediante el traslado del signo del supuesto suscriptor hacia otros documentos, lo que permite concluir en la presunta falsedad de los mismos. Es más, ese presunto fraude es más evidente aún en el presente caso porque no sólo se ha dado respecto a un documento, sino que se ha producido hasta en cuatro casos diferentes, más aún, cuando según la fecha que se consigna en los mismos, los documentos cuestionados fueron supuestamente emitidos en diferentes momentos (02 de julio del 2009, 04 de agosto del 2009, 15 de julio del 2009 y 07 de julio del 2009).

AL DESCUBIERTO.

Luego que el Tribunal de Contrataciones Del Estado emitiera el 4 de abril de 2017 la Resolución N° 0495-2017-TCE-S2, mediante la cual dispone que la Entidad, en este caso, la Municipalidad Distrital de La Victoria, en virtud del principio de privilegio de controles posteriores, realice la fiscalización posterior de la emisión y del contenido de los certificados en cuestión, para lo cual el jefe de la Unidad de Logística, César Rodríguez Villegas, mediante el Oficio N° 001-2017-MDLV/UL le solicita al alcalde del distrito de Pátapo, Juan Ramos Díaz, le confirme la autenticidad y veracidad de los mismos, dando dicha autoridad respuesta del requerimiento mediante Oficio N° 298-2017-MDP/A, en base al Informe N° 148-2017-MDP/DIDUR suscrito por Wilder Muñoz Cossío, en el cual se detalla en forma pormenorizada el staff de profesionales que intervinieron en la ejecución de la obra, dentro de los cuales no figuran los profesionales a quien supuestamente el Consorcio Victoria les habría otorgado los certificados cuestionados.

De la misma forma y utilizando la misma modalidad, se habría tratado de refrendar los tres certificados restantes cuestionados, en este caso todos ellos emitidos por el Consorcio 2A, mediante el cual se pretende acreditar experiencia nuevamente de los tres profesionales ya considerados en el tema anterior, en este caso la licenciada en administración, Lily Fernández Pasapera y a los ingenieros, Clara Risco Villa y Jorge Alejandro Díaz Said, quienes igualmente habrían laborado como administrador de obra y especialistas en suelos y seguridad en la obra que el referido consorcio ejecutó a cargo de la Municipalidad Distrital de Pítipo, denominada “Construcción del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Motupillo”.

En este caso, la modalidad habría sido la misma, es decir trasladar subrepticiamente el sello y la firma de un documento original a diferentes documentos, en este caso supuestamente suscriptos por el representante legal del Consorcio 2A, Ángel Lorren Palomino, quien habría refrendado los mismos en fechas diferentes (11 de julio del 2007, 06 de agosto del 2007 y 11 de julio del 2007).

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, el jefe de Logística de la comuna victoriana, César Rodríguez Villegas, con fecha 11 de abril del año en curso, remite al alcalde de la Municipalidad Distrital de Pítipo, Luis Valladolid Terrones, el Oficio N° 0002-2017-MDLV/UL, mediante el cual le solicita la confirmación de la participación de los profesionales arriba indicados en la ejecución de la obra descrita, respuesta que hasta el cierre de nuestra edición no ha sido materializada.    

LAS DILACIONES.

La comuna victoriana buscando sacar adelante esta postergada obra, entregó por segunda vez otra buena pro, donde el Consorcio Miguel Grau-La Victoria ocupó el segundo lugar, el mismo que decidió impugnar el proceso ante el Tribunal de Contrataciones del Estado-TCE, con la finalidad de que se revoque la buena pro al consorcio ganador y se adjudique la misma a su favor.

En este sentido, es que el TCE, luego de una serie de análisis técnico-legales decide por unanimidad mediante la Resolución N° 0265-2017-TCE-S2 dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Miguel Grau y a la vez descalificar la oferta presentada por el impugnante el Consorcio Saneamiento Miguel Grau -La Victoria, disponiendo que el comité de selección califique la oferta de un tercer postor, en este caso el Consorcio Saneamiento del Norte, quien fue descalificado dando como resultado que el proceso sea declarado desierto y sometido a un tercer proceso, en este caso una Adjudicación Simplificada.

Luego de los procedimientos llevados a cabo para la realización del tercer proceso vía un proceso simplificado, el comité de selección decide por unanimidad otorgar la buena pro al Consorcio Real Victoria, integrado por las mismas empresas que en el anterior proceso se adjudicaron la buena pro (Reprucsa Contratistas Generales SA. y AC& A Constructora EIRL).

Persistiendo en su actitud obsesiva de adjudicarse la buena pro, el Consorcio Saneamiento Miguel Grau-La Victoria, por segunda vez ha presentado un recurso de apelación, dejando en suspenso tanto la adjudicación de la buena pro como el proceso en sí, el cual no puede seguir su tramitación, en tanto y en cuanto el TCE no se pronuncie al respecto.

Y no podía ser menos. En el mismo día (05 de junio de 2017), se registra en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), una segunda impugnación por el mismo caso presentada por el Consorcio Saneamiento del Norte, integrado por las empresas H & CH Ingeniería y Construcción SAC., y  la  no muy bien recordada empresa Edicas SAC. Contratistas Generales, consorcio cuya pretensión seria que se revoque la buena pro al Consorcio Real Victoria y posteriormente ser favorecido con la misma vía la resolución que emita el TCE en el plazo previsto por la normatividad vigente.


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